Hace tres semanas, tras el dicho presidencial de que los relojes de marras eran prestados, solamente, el premier Gustavo Adrianzén sugirió que la Fiscalía archivara el caso. Los defensores de la presidenta Dina Boluarte estuvieron de acuerdo con esta sugerencia, en aras de la gobernabilidad. ¡Puras ilusiones! La terquedad de los hechos volvió inútil tal propósito. ¡Tanta ingenuidad no es rentable en el áspero mundo de la política!
Sin embargo, la coartada del préstamo sí tendría fortuna en sede judicial. Sin pruebas contundentes, jamás se acreditarán las culpas. Resultan por ello estériles las estulticias de ciertos penalistas dogmáticos que “ven” en el comodato un “aprovechamiento ilícito” y en la asignación presupuestal para los Juegos Bolivarianos–tramitada larga y tortuosamente por el MEF– una coima pura y dura. Dislates vanos, pues todo lo actuado se pospondrá hasta el fin del mandato presidencial.
Es increíble que tirios y troyanos estén colonizados por la moda de la juristocracia; el afán de judicializar la política y que los tribunales reemplacen a la democracia.
Mas esta “victoria jurisdiccional” sería pírrica. Porque el cuento de los rolex prestados es rechazado masivamente. Nadie le cree a la presidenta y, para casi todos, miente. La imagen presidencial está por los suelos. Y una maliciosa sorna erosiona aceleradamente su autoridad. El tribunal del pueblo ya la ha condenado irremisiblemente; sin perdón ni vuelta atrás. ¡Poco importa una sentencia judicial favorable!
El daño político es irreversible. Decía Freud: el chiste contra el gobernante, cuando se generaliza disuelve su poder. Y hoy la señora presidenta y su Gobierno son el hazmerreír de todo el mundo. El problema no es la suerte de Boluarte. Lo preocupante es que su desliz hediondo infecte a las entidades democráticas.
El Congreso, en primer lugar. Tanto los que apoyan con sus votos de confianza, como los que dicen fiscalizar con preguntas ridículas. ¡Un penoso circo con bufones que solo arrancan risas putativas, que compiten con las majaderías de los ministros del Ejecutivo, esos que por defender lo indefendible terminan incrementando las sospechas.
¡Qué decir de los órganos jurisdiccionales, de los guardianes de la moralidad pública! ¡Sí, alucinante! Los mismos que se arrodillan ante las bandas criminales, liberándolos cada vez que la policía los captura y que extorsionan a los litigantes que concurren al juzgado. Estos personajes, no elegidos popularmente, se creen el “primer poder del estado”.
Y se arrogan el decidir, en última instancia, sobre lo bueno y lo malo, al margen del proceso democrático. Contra esta perversión de los jueces y fiscales, las Constituciones democráticas han establecido inmunidades para el presidente y los altos funcionarios del Estado, de modo que intenciones subalternas no destruyan la gobernanza del país.
(*) Analista político.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
