Todos los golpes de Estado son nefastos: los de izquierda, derecha o centro ideológico. Tan abominables fueron los golpes que asesinaron nuestra democracia y el Estado de derecho.
Tan repudiable fueron los golpes de Estado del general Manuel Odría en 1948 contra el presidente José Luis Bustamante y Rivero, como el zarpazo militar que dio el general Juan Velasco Alvarado contra el presidente Fernando Belaunde Terry en octubre de 1968, como el golpe de la Junta militar presidida por el general Pérez Godoy para evitar que en 1962 gane las elecciones presidenciales Víctor Raúl Haya de la Torre, o el que perpetró perversamente Martín Vizcarra disolviendo inconstitucionalmente el Congreso o el que consumó Pedro Castillo el 9 de diciembre de 2022 que, felizmente, derivó en el encarcelamiento del presidente golpista previa vacancia de su cargo resuelta por el propio Parlamento.
Hoy se conmemoran 32 años del autogolpe de Estado del expresidente Alberto Fujimori, quien inconstitucionalmente disolviera el Congreso, y pasara a controlar las instituciones del Estado, avasallándolas, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, varios medios de comunicación, entre otros, con el objetivo claro de perpetuarse en el poder, cambiar la Constitución política a su medida, apoyado por la cúpula de las Fuerzas Armadas.
En un estado democrático el golpe de Estado es un asesinato a la democracia y al estado constitucional de derecho. No caben excusas como las que se intentó esgrimir después del 5 de abril de 1992, pues se dijo que era una medida de emergencia, excepcional, única e irrepetible, como consecuencia del avance del terrorismo y la hiperinflación y recesión que por esos años lamentablemente existían.
Todas esas medidas que ayudaron, y hay que también reconocerlo, a combatir victoriosamente al terrorismo, derrotarlo, así como vencer la hiperinflación, y convertir al país en una economía sólida, donde llegaron las inversiones y el crecimiento económico, se pudieron hacer sin la autocracia que se vivió después del 5 de abril de 1992 hasta noviembre de 2000, fecha última en que cayó Fujimori huyendo al Japón y renunciando por fax a la presidencia.
Sin bien la mano firme del régimen ayudó decididamente a acabar con el terrorismo y encaminarlo a una economía sólida, por otro lado, los actos organizados de corrupción llegaron en una magnitud sin límites, encabezados por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, al punto de destruir y degradar las instituciones tutelares del país.
Nunca más se debe perpetrar un 5 de abril, el daño que se le hizo a la democracia fue tan grande que en la actualidad no nos logramos recuperar.
El 5 de abril de 1992 debe ser recordado como un hecho abominable, repudiable por el cristal que se le mire, y que solo ayudó a mantener a una mafia corrupta que se enquistó en el poder durante una década, y donde la mayoría de ellos, comenzando por Fujimori y Montesinos sufrieron una larga pero merecida condena en prisión. Esta historia jamás deberá repetirse en el país. Así sea.
(*) Exvicepresidente del Perú
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