Lo primero que sorprendió al iniciarse la semana es el pase al retiro del coronel de la PNP Harvey Colchado, quien fue jefe de la división de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y coordinador del grupo policial que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este policía se había convertido en un mediático “cazador” y olvidando sus funciones primordiales se atrevió a acusar a quienes investigaba, algo inaudito que viola todo tipo de convencionalismo.
Allí tenemos su señalamiento a Pedro Chávarry como “el fiscal del fujimorismo”; al referirse a la ex fiscal de la nación dijo que: “Patricia Benavides orquestó un aparato para perpetuarse”; y al estar al frente del operativo que culminó con el suicidio del ex presidente Alan García declaró: “La decisión que tomó esta persona no me ha impactado. Frustró la intención de llevarlo a la justicia”. Y en el colmo de su arrogancia publicó una foto de una torta que simulaba el descerraje del domicilio de la presidente de la república. Colchado tiene procesos disciplinarios abiertos y a pesar de eso le dieron las gracias por los servicios prestados.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó investigación preparatoria contra el fiscal José Pérez Gómez por el delito de enriquecimiento ilícito al descubrirse un desbalance patrimonial de 131 mil soles entre los años 2018 y 2023. Debemos precisar que los cuestionados acuerdos con Odebrecht firmados por el fiscal Pérez se suscribieron en febrero y mayo de 2019. Debe resultar una casualidad el aumento de su patrimonio justamente en aquel año y el siguiente.
Los testimonios de malos empresarios que para ganar licitaciones tuvieron que sobornar al gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, confirman mi denuncia sobre este personaje que hice en plena campaña electoral en 2016. Ahora se sabe que la coima se la llevó Vizcarra en sus bolsillos y sin inmutarse él mismo los tomó sin esperar que sus sobornadores se lo alcancen. El desparpajo y cinismo de Vizcarra aparentando que lo tiene controlado todo o como si nada pasara, se trasluce en bailes y venta de panetones por redes sociales. La suerte de este personaje es que extrañamente no le han dado prisión preventiva.
El Tribunal Constitucional ha declarado fundado el Recurso de Agravio interpuesto por Phillip Butters quien solicitaba copia del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre Odebrecht, la procuraduría y la fiscalía el 15 de febrero más otro acuerdo complementario de 20 de mayo de 2019. Por mucho tiempo le fue negada la información al periodista primero la fiscalía y después el Poder Judicial, llegando finalmente al TC que le ha dado la razón. El viernes por la tarde Butters recibió copia del acuerdo y se dieron algunos adelantos: el acuerdo sirve solo para 4 casos: interoceánica sur; Metro de Lima; Vía Expresa de Cuzco y Costa Verde del Callao; que la salida Katherine Ampuero fue para facilitar la conveniencia de lo firmado y obviamente ella en la procuraduría jamás hubiese firmado algo en contra del país. Vela Barba y Pérez Gómez sabían que el perjuicio al Estado fue de 26 millones de dólares y permitieron que el Perú solo acepte una mínima cantidad y a plazos por 15 años. También sabían de las coimas cobradas por Susana Villarán en el proceso de revocatoria y no hicieron nada por el asunto de los peajes. Y en una parte del acuerdo la Fiscalía se compromete a no iniciar acciones legales contra Odebrecht por los hechos delatados y no hay una cláusula de contraprestación para que Odebrecht no nos demande.
Para colmo el Perú ha perdido demanda en el CIADI con el consorcio Enagas empresa socia de Odebrecht y Graña y Montero en el gasoducto del sur por 194 millones de dólares. Quería equivocarme, pero los responsables que firmaron el acuerdo con Odebrecht lo hicieron en contra de los intereses del Perú y lo sabían. Seguramente los próximos días habrá medidas que impidan la salida del país de todos los que están comprometidos.
(*) Abogado y excongresista.
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