La no instalación de más de 200 mesas electorales en Lima ha deslegitimado la democracia

“Si un ciudadano no vota por fallas del Estado, se vulnera el derecho fundamental, aunque no haya fraude”, sostiene el politólogo Fernando Antonio Flores Limo.

Las elecciones generales de 2026 en el Perú estuvieron marcadas por denuncias de desorganización y cuestionamientos sobre su legitimidad, ante la demora en la instalación de las mesas de sufragio y las fallas en la logística. En este contexto, conversamos con el analista político Fernando Antonio Flores Limo, académico y especialista en derecho, filosofía y metodología, para analizar técnicamente lo ocurrido.

¿Estamos ante un fraude electoral en el Perú 2026 con lo sucedido con las mesas de sufragio?
No. Desde un punto de vista jurídico riguroso, no estamos ante un fraude electoral. El fraude implica manipulación deliberada del resultado y, hasta el momento, no existe evidencia de alteración de actas, suplantación de votos o intervención dolosa en el conteo. Lo que sí tenemos es algo distinto y más complejo: una crisis administrativa del sistema electoral.

¿Cómo definiría técnicamente lo ocurrido?
Lo ocurrido puede conceptualizarse como una falla sistémica en la garantía material del derecho al sufragio. El Estado, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no logró asegurar condiciones mínimas: distribución oportuna del material, instalación de mesas y acceso efectivo al voto. Cuando más de 200 mesas no funcionan y miles de ciudadanos no pueden votar, el problema deja de ser anecdótico y se convierte en estructural.

¿Esto invalida las elecciones? ¿Son ilegítimas?
Debemos distinguir dos planos: la legalidad y el proceso siguen siendo válidos porque hubo medidas correctivas (extensión de la hora de votación), intervino el Jurado Nacional de Elecciones y existen mecanismos de impugnación. Aquí sí hay un problema serio de legitimidad. Ocurre que los ciudadanos fueron impedidos de votar; a ello se suma la percepción de desorden y la desigualdad territorial en el ejercicio del sufragio. En consecuencia, no es una elección ilegal, pero sí potencialmente deslegitimada en términos sociales.

Algunos sectores hablan de boicot o manipulación política, ¿es posible?
En ciencia jurídica y teoría del Estado no se trabaja sobre sospechas, sino con pruebas. Hasta ahora, no hay evidencia de boicot dirigido, ni prueba de manipulación contra candidatos específicos, ni indicios de captura ideológica del sistema electoral. Lo que existe es una narrativa política construida sobre una falla real. Pero una falla logística, por grave que sea, no equivale a una conspiración.

¿Existe responsabilidad de Piero Corvetto como jefe de la ONPE?
Sí, claramente hay responsabilidad administrativa y política. Si el propio sistema reconoce que no se instalaron 211 mesas, hubo fallas en la logística y miles de ciudadanos fueron afectados, entonces el problema es de gestión pública electoral. Sin embargo, la responsabilidad administrativa no implica delito ni fraude.

¿Estamos ante una crisis más profunda del sistema democrático peruano?
Absolutamente. El Perú ya venía de fragmentación política extrema, desconfianza institucional e inestabilidad presidencial (varios presidentes en pocos años). Las elecciones de 2026 no crean la crisis: la visibilizan, la revelan y la intensifican.

Usted sostiene que el problema es más profundo que el fraude. ¿Por qué?
Porque el núcleo del problema es que el Estado no pudo garantizar igualdad material en el ejercicio del voto. Desde una perspectiva garantista (tipo Ferrajoli), no basta con reconocer el derecho al sufragio; hay que asegurar condiciones reales para ejercerlo. Cuando un ciudadano no vota por culpa del Estado, se vulnera el derecho fundamental, aunque no haya fraude.

¿Se puede comparar esto con fraudes reales como Bolivia 2019 o Venezuela?
En Bolivia 2019 hubo interrupción del conteo rápido, cambios estadísticamente anormales y denuncias de manipulación del resultado, con intervención de la OEA. En Venezuela hubo control institucional del sistema electoral, inhabilitación de candidatos, falta de independencia de árbitros y manipulación estructural del proceso. Esto constituye fraude estructural y autoritario.
En cambio, en el proceso electoral del Perú 2026 hubo elecciones competitivas, con 35 candidatos, observación internacional sin fraude grave y fallas logísticas severas. Se trata de una crisis administrativa con impacto en la legitimidad, no de fraude.

¿Cuál es su diagnóstico final?
El caso peruano 2026 no es un problema de fraude, sino de algo más profundo: la incapacidad del Estado para garantizar condiciones materiales de igualdad en el ejercicio del sufragio. Esto produce erosión de la confianza, debilitamiento de la legitimidad democrática y expansión de narrativas de fraude, pero sin destruir la legalidad del proceso electoral.
El Perú no enfrenta hoy una dictadura electoral ni un fraude estructural. Lo que enfrenta es algo más peligroso a largo plazo: un Estado débil que no logra organizar plenamente la democracia que formalmente proclama. La amenaza no es la manipulación dolosa, sino la fragilidad institucional que erosiona la legitimidad democrática.