“Perú ha hecho todo lo que el Tratado y Estados Unidos la ley exige para la certificación de (Alejandro) Toledo como extraditable, y los intereses nacionales significativos se verán perjudicados si se le permite retrasar el proceso al presentar reclamos sin mérito”, se afirma en un documento enviado por la Fiscalía norteamericana al Noveno Circuito de la Corte de apelaciones de ese país.
El documento da cuenta del rechazo de dos jueces ante las impugnaciones de Toledo sobre la certificación de la extradición. En septiembre del 2021, el juez Thomas Hixson señaló que el exmandatario podía ser extraditado al contar con pruebas suficientes para ser juzgado por la justicia peruana.
Ante este revés, Toledo envió, a través de sus abogados Jodi Linker, Mara Goldman y Graham Archer, un escrito de respuesta a la jueza Laurel Beeler para insistir que la extradición en su contra debe ser suspendida hasta que se resuelva su hábeas corpus en EE.UU.
El gobierno peruano busca extraditar a Toledo para que sea juzgado por presunta colusión y lavado de dinero activos producto de un esquema de soborno orquestado junto a la empresa Odebrecht. El expresidente habría solicitado US$ 35 millones a cambio de otorgar la licitación a la compañía brasileña para las obras de “La Carretera Interoceánica Tramos 2 y 3”.
