Con la muerte de Abimael Guzmán ha quedado en evidencia, una vez más, la terrible incompetencia del Gobierno para tomar decisiones. Pedro Castillo se ha refugiado en su pueblo en Chota, Cajamarca, para no asumir responsabilidades que nacen del temor reverencial que le tienen al senderismo del cual son tributarios.
El Gobierno cree que soplándole la pluma a la fiscalía (“todo está en manos de la Fiscalía”) se libera de la responsabilidad que le alcanza, dado que el problema de la disposición del cuerpo del genocida es un tema de Estado que debe resolverse al más alto nivel.
Pero por otro lado, la muerte del criminal no acaba con la macabra ideología senderista, que ha encontrado en la vía electoral una forma de penetración a la conducción del país utilizando como vientre de alquiler un partido radical que se siente en la opción de imponer condiciones en todos los niveles y para ello, pese a las marcadas evidencias de vínculos con el terrorismo en el caso del ministro de Trabajo Iber Maraví y del propio primer ministro Guido Bellido, imputado también de ofensor de mujeres, no permite que dejen sus cargos tales personas evidentemente comprometidas con las acusaciones públicas.
Pero lo más grave como actos de fondo, es que estando viva la propuesta senderista, hay el riesgo que no se le pueda poner coto fácilmente porque la educación a nuestra juventud no ha enfocado la trágica historia del terrorismo y existe una supina ignorancia en los jóvenes, la cual es difícil revertir porque el sector educación no ha hecho su tarea en muchos años y ahora menos que nunca que está en manos de un gobierno que simpatiza, si no milita, en esas ideas. Por algo fue el pronto reconocimiento del Sindicato Sutep-Conare, que así cambie de nombre, es lo mismo. Entonces tenemos una tarea inmediata: resolver con inteligencia la disposición del caudillo senderista y en ese sentido la posición del ministro de Justicia es válida y por eso mismo lo hostilizan los de su propio gobierno.
La otra tarea es educar a la población sobre los crímenes en contra del pueblo: 76% gente pobre, altoandina y quechuahablante; lo que significa que no es verdad que luchara por los pobres, todo lo contrario. Como eso es difícil enseñarlo en los colegios por la presencia sindical, hay que optar por el camino de los medios de comunicación, que solo por estos días están informando los casos, pero me temo que prontamente los dejen de lado y vuelva la indolencia e ignorancia criminal.
Como tampoco podemos esperar nada del gobierno en este sentido, corresponde a la sociedad civil tomar la iniciativa y convocar a los medios para que asuman activamente una responsabilidad que no le dará réditos comerciales, pero sí lo hará en la cultura de paz y respeto que tanto necesita el Perú.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
