Es común que, en las investigaciones de casos de corrupción, el Ministerio Público solicite el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones. Sin embargo, hay otro ángulo que muchas veces se deja de lado y es el del tema tributario. En este asunto también la SUNAT peca por omisión.
Hay cientos de investigados que se han enriquecido con dineros de origen maculado y tienen el desparpajo de exponer su incremento patrimonial ilícito con signos exteriores de riqueza que no condicen con los réditos manifestados en sus Declaraciones Juradas anuales de Impuesto a la Renta. El papel que podría jugar la SUNAT en este aspecto resulta crucial.
La SUNAT, al parecer, está satisfecha con la falta de crecimiento de la base de contribuyentes. Luis Hernández Berenguel, el prestigioso abogado tributarista, afirmaba que la SUNAT se regía por el “principio de pereza” pues satisfechos con los contribuyentes que tienen, sus campañas de formalización no generan mayores resultados… porque “eso cansa”, como decía un viejo comercial televisivo.
En este sentido, queda claro que la SUNAT casi no ha aportado elemento alguno al Ministerio Público para acreditar el incremento patrimonial de los corruptos; y, de confirmarse ello, la SUNAT, con su pasividad, sería cómplice silente de todos los corruptos investigados.
Nos podemos referir por ejemplo a muchos personajes mencionados en las investigaciones de la mafia de “Las Chalinas Verdes”. ¿Cuál es el origen de los fondos que solventa su estilo de vida burguesa-caviar? Son evidentes casos para investigar los de Susana Villarán, Marisa Glave, Augusto Rey, Paola Ugaz, Pedro Salinas, Anel Townsend, Jorge Nieto Montesinos y muchos más si solo nos circunscribimos al entorno de la corrupta exalcaldesa de Lima.
Como se sabe el Ministerio Público solamente presentó la acusación contra Susana Villarán por los delitos de colusión, asociación ilícita, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo y solicitó una pena de 29 años de prisión. También acusó a otras 20 personas, entre ellas destacan José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Luis Gómez Cornejo, Óscar Vidaurreta y Léo Pinheiro, así como diez personas jurídicas, entre otras Diálogo Vecinal, Ogilvy & Mather, Mindshare Perú; y CHISAC (Chirinos & Salinas). Aún están pendientes varios de los que hemos mencionado antes y sobre los que algunos colaboradores eficaces vienen declarando.
En ningún caso se ha visto la acción de la SUNAT. ¿Por qué hasta la fecha ningún medio entrevista al Superintendente de Administración Tributaria respecto al participación de la institución que dirige en la lucha contra la corrupción? ¿Es que acaso el compromiso anticorrupción no debe ser algo transversal en las políticas públicas?
¿La SUNAT por ejemplo, tiene conocimiento de cómo alguien que declara ante un juez tener ingresos por €1,200 puede comprar departamentos por valor de más de 400 mil dólares o terrenos en Mala por un valor similar y a la vez tener a sus hijos en el colegio más caro de Lima?
Este milagro económico existe. La SUNAT no lo nota. Tal vez sería cuestión de que el Ministerio Público, a la vez que pide levantar secretos bancarios y de las comunicaciones, también levante el secreto tributario de los investigados.
*Analista político
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