“María del Carmen Alva tiene actitudes racistas”

• Según Ruth Luque, integrante de la bancada de CD-JPP, la Comisión de Ética no hará nada ante los hechos protagonizados por María del Carmen Alva en el Pleno del Congreso.

POR: HILMER GASCO

La congresista Ruth Luque, de Cambio DemocráticoJuntos por el Perú, cuestionó duramente a la Comisión de Ética por no sancionar como corresponde a los congresistas que cometen faltas, como María del Carmen Alva, a quien calificó de racista.

Tras el escándalo que protagonizó al presionar a su colega Francis Paredes para que vote por la bicameralidad, María del Carmen Alva ha vuelto a causar polémica haciendo alusión a los puneños.

Son declaraciones deplorables que vienen de una persona que desde que, fue elegida y cuando ejerció la presidencia en el Congreso, solo ha demostrado tener desprecio en sus acciones. Lo hizo maltratando a una autoridad mujer, jaloneando a mi colega Isabel Cortez, y acabamos de ver las imágenes terribles en el voto de la bicameralidad. Con sus actitudes racistas y comportamiento demuestra que, más allá de las diferencias políticas, desconoce la realidad. Expresarse de esa manera de la población de Puno, estigmatizarla y terruquearla con facilidad, demuestra que está siguiendo el libreto del terruqueo, y pretender negar que este gobierno ha violado los derechos humanos.

Así como ocurrió en el caso de Isabel Cortez, es probable que la agresión a Francis Paredes quede sin sanción.

Si en el caso de recorte de sueldo la Comisión de Ética no quiere hacer nada, imagínese lo que pasará con este. En el Congreso hay una mayoría que actúa impunemente. No sé para qué sirve la Comisión de Ética si no hay un respeto de principios y valores democráticos. Estas acciones contribuyen al desprestigio del Congreso.

¿Por qué votó en contra de la bicameralidad?

Es una reforma que se quiere hacer a espaldas de la ciudadanía. En el fondo, es una especie de nueva Constitución acorde con sus intereses. A toda costa quieren lograr sus 87 votos, pero a espaldas de la población. Esa institución que tiene el 6 % de aprobación quiere imponerle al país un nuevo modelo de representación política como sea. Han tenido retenida la reconsideración casi un año, pero ahora no han logrado su objetivo porque les falta un voto, y hasta que se aseguren lo van a tener congelado. Es un descaro y una sinvergüenzura lo que están haciendo.

Vemos que el Congreso está tomando el control de más instituciones.

Acaban de aprobar la denuncia constitucional contra Inés Tello, de la Junta Nacional de Justicia, quieren sancionar a la fiscal Zoraida Ávalos porque no ha actuado como ellos querían. Quieren capturar todo lo que puedan, destruir la institucionalidad, a ellos no les importa la separación de poderes porque han tejido un relato de la autonomía, han asumido que son el poder de los poderes, y que bajo esa lógica pueden hacer lo que se les da la gana.

Se puede decir que estamos ante una situación similar a la del gobierno de Alberto Fujimori.

El quebrantamiento de las instituciones, en mi opinión, es muchísimo más grave. Estamos ante una situación donde a la población no le interesa defender la institucionalidad. Vemos que el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, no defienden sus instituciones. La Junta Nacional de Justicia pidió una evaluación racional y les respondieron con una denuncia constitucional.

¿Cuál es su opinión de la gestión de la ministra Rosa Gutiérrez en el manejo del dengue?

Ya desde el COVID-19 se evidenció que el sistema de salud pública está en crisis y eso no se va a cambiar construyendo un nuevo hospital. Necesitamos una refundación profunda. He visitado comunidades campesinas donde las postas de salud están en abandono, no hay especialistas. Enfermedades que hace años habían sido controladas están apareciendo de nuevo, como el sarampión. El tema de salud tiene que ser declarado en emergencia, así salga la ministra de Salud, quien la reemplace no asegura un cambio de fondo. La salud no puede seguir siendo el privilegio de las clínicas, de que quienes tienen dinero pueden pagar para salvar su vida. La población está muriendo porque no tienen acceso al servicio de salud. Estamos ante un Estado que está matando porque no está garantizando el derecho a la salud.

Se acaba de aprobar una ley para que la presidenta pueda gobernar de manera remota cuando salga del país.

Es una ley inconstitucional. Lo que estamos abriendo es un gobierno digital para que la presidenta, cuando viaje al exterior, bajo el gobierno digital nos gobierne, pero qué va a pasar cuando haya una situación de crisis, quién va a responder políticamente, si hoy, estando físicamente, no responde por las muertes y violaciones a los derechos humanos. Esa norma busca que Dina Boluarte se vaya del país, y no responda por la grave violación a los derechos humanos.

PROPONE SANCIONES CONTRA EL ACOSO POLÍTICO A MUJERES

¿Usted ha presentado un proyecto que busca acabar con el acoso político a las mujeres?

El año 2021 se promulgó la Ley 31155, ley de prevención contra toda forma de acoso político a las mujeres. Hemos visto que las mujeres, cuando ejercen alguna función pública como regidoras, consejeras, vicegobernadoras o son autoridades de comunidades, son víctimas de hostigamiento, amenazas o discriminación por ejercer su función fiscalizadora. Las vicegobernadoras del Callao y de Ica han sido víctimas de amenazas de muerte. La presencia de las mujeres en la política ha ido de la mano de actos de violencia. El proyecto de Ley 1491 propone una serie de artículos que deben ser incorporados en la ley para que los actos de violencia política sean castigados. Estamos proponiendo una tabla de multas que van desde 1 UIT hasta 50 UIT.