Es una buena noticia que el Gobierno haya conseguido una solución, aparentemente pasajera, pero solución al fin, al conflicto que se está viviendo con la zona minera en el sur del país. Sin embargo, en la medida que no se encuentre un equipo negociador y no se ubique una alternativa que erradique la crisis en el corredor minero, no podremos sentirnos tranquilos o satisfechos. Un paso no es la meta; la meta consiste en una solución integral al problema.
La problemática de la minería en el Perú tiene dos fases: la primera donde no existían criterios técnicos para solucionar los temas vinculados con el medio ambiente y con las poblaciones. Eso, a través de una serie de leyes, directivas y tratados ha recibido un tratamiento jurídico aceptable. Sin embargo, apareció en el escenario político esta famosa propuesta del entonces candidato presidencial Ollanta Humala quien dejó abierta la disyuntiva entre oro y agua que abrió paso para que un grupo de individuos encabezaran una activa vocación anti minera que, incluso, cuenta con auspicio económico desde el exterior y que ha sido tan nefasto para el tema social-económico en el país. Ciertamente, la actual presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, es una “digna representante” de este grupo.
La condición que ponen los actuales protestantes es que sean ellos los choferes que transporten los minerales, y eso es, evidentemente, un chantaje al Gobierno y representa una condición inaceptable para la solución. Es decir, siempre habrá problemas y la necesidad de diálogo y hay que buscar alternativas de solución, pero tienen que darse partiendo de una problemática razonable y que surja de una inquietud respetable.
Lo segundo es que el camino correcto siempre será la ley sin cargarle a terceros la responsabilidad. Todo esto implica un compromiso de los ciudadanos de cumplir la ley y un compromiso del Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Por otro lado, cualquier acto que impida la libertad de tránsito es considerado un delito y debe ser abordado como tal. Es importante acabar con la práctica de que haciendo ejercicio abusivo de un derecho se termine violentando el derecho de los otros. La libertad de un grupo de personas termina cuando se afecta el orden público, la moral social o los derechos de terceros.
Es cierto, todos los sectores del país son importantes y ninguno debería ser excluido de un plan nacional de desarrollo; sin embargo, hay que reconocer que por la importancia que tiene el sector minero en la captación de recursos que entran al erario nacional y por los puestos de trabajo que genera en las zonas más alejadas, resulta mucho más vital e importante que otros sectores.
La solución a este conflicto no consiste solo en crear mesas de diálogo, sino en tener un equipo negociador que pueda resolver la problemática sin que esto genere otro tipo de problemas más adelante. Una buena solución debe ponerle fin a la crisis y no solo diferir o patear el problema más adelante. La minería es hoy nuestra principal fuente de ingresos, es una fuente de trabajo y no se avizora en el corto plazo ninguna actividad con tanta repercusión favorable en lo económico y social.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
