El caso Trujillo nos está dejando una enseñanza que trasciende el secuestro de una persona y el asesinato de cuatro personas. La investigación muestra una organización con capacidad para disponer de vehículos, inmuebles, armas, comunicaciones, falsos elementos policiales (hasta la fecha), desplazamiento de personas y hasta drones para realizar reglaje y seguimiento en tiempo real.
Pero detrás de cada capacidad criminal existe una pregunta que la inteligencia debe formular antes que nadie: ¿Quién paga todo eso?
Una organización criminal no adquiere semejante logística de la noche a la mañana. Necesita ingresos permanentes, redes de protección, operadores, lugares seguros y mecanismos para mover y ocultar dinero.
Por eso el caso Trujillo debería obligarnos a mirar más allá de sus autores materiales.
Entre enero y mayo de este año, La Libertad registró 1,359 denuncias por extorsión: aproximadamente nueve cada día. Pero sabemos también que las denuncias solo muestran una parte de la criminalidad. A escala nacional, el INEI encontró que 81,8% de las víctimas de algún hecho delictivo no denunció. Esa cifra no permite afirmar cuántas extorsiones permanecen ocultas, pero sí demuestra que la inteligencia no puede construir su diagnóstico únicamente a partir de denuncias policiales.
Allí aparece una segunda pregunta: ¿qué economías ilícitas permiten financiar organizaciones con semejante capacidad? Una de las hipótesis que necesariamente debe estudiarse es la minería ilegal.
No estoy afirmando que cada extorsión o secuestro tenga su origen en ella, ni que esté demostrado que haya financiado específicamente el caso Lara. Eso corresponde establecerlo a la investigación. Lo que sostengo es que la magnitud económica de la minería ilegal y su convergencia territorial con extorsión, violencia, corrupción y organizaciones criminales justifican convertirla en un objetivo prioritario de inteligencia.
Durante mi gestión en la Dirección Nacional de Inteligencia impulsé que la minería ilegal fuera considerada dentro de las amenazas que debía observar el Sistema de Inteligencia Nacional. Hoy el diagnóstico presentado ante el Consejo de Inteligencia Nacional reconoce diez amenazas, entre ellas expresamente la minería ilegal, junto con el crimen organizado, la corrupción y el tráfico ilícito de drogas.
Ese reconocimiento fue importante. Pero ahora viene lo verdaderamente “difícil”: identificar personas, organizaciones, redes y dinero.
No basta saber dónde existe una bocamina ilegal. La inteligencia necesita reconstruir la cadena: quién financia la extracción; quién compra explosivos, maquinaria y combustible; quién transporta el mineral; qué planta lo procesa; quién compra el oro; cómo se comercializa; qué empresas o personas introducen el dinero al circuito legal; quién brinda protección; y qué organizaciones criminales cobran por controlar territorio, trabajadores o producción. En otras palabras, necesitamos pasar del mapa de minería ilegal al mapa económico-criminal. Y La Libertad ofrece razones suficientes para hacerlo. Y aquí aparece una oportunidad adicional: Escudo de las Américas.
El Perú confirmó su incorporación el 10 de septiembre. Oficialmente, uno de los beneficios señalados es obtener información con mayor rapidez y fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales que operan atravesando fronteras.
Por ello, la cooperación puede traducirse en capacidades muy concretas para el Perú: inteligencia financiera para seguir dinero y oro; tecnología de vigilancia y análisis —incluidos drones y capacidades frente a su utilización criminal—; plataformas para fusionar inteligencia humana, señales e imágenes; capacitación permanente para nuestros policías y analistas; y cooperación transnacional para seguir personas, cuentas, empresas y activos cuando atraviesan nuestras fronteras.
La tecnología que llegue debe quedarse como capacidad institucional peruana. La capacitación debe producir instructores nacionales. Y la información compartida debe terminar fortaleciendo a las unidades que investigan en el terreno.
El crimen organizado ya comprendió algo elemental: información + tecnología + dinero = poder operacional. El Estado tiene que comprenderlo mejor.
No podemos esperar que aparezca nuevamente un dron siguiendo una víctima para preguntarnos quién lo compró, quién lo operó y quién financió la operación. La inteligencia debe identificar previamente las economías ilícitas que permiten adquirirlo, las personas que las administran y las organizaciones que viven de ellas.
La minería ilegal ya está reconocida como amenaza. El siguiente paso es convertir ese reconocimiento en inteligencia accionable. Porque destruir una máquina puede detener una operación durante unas horas. Capturar un sicario puede neutralizar a un ejecutor.
Pero identificar y golpear la estructura económica que financia a la organización puede impedir el próximo secuestro. Y allí está la diferencia fundamental: la investigación explica lo que ocurrió; la inteligencia debe ayudarnos a evitar que vuelva a ocurrir.
(*) Exdirector de la DIRCOTE y la DINI
