Perú atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente; las muertes, violencia y miedo sobre la población escalan día a día sin cesar. No se trata simplemente de un problema de seguridad ciudadana, sino de una amenaza estructural que compromete la estabilidad del Estado. La extorsión, el sicariato, los secuestros y los robos no son meros actos de delincuencia común; constituyen expresiones de un Fenómeno de Crimen Transnacional Organizado que ha sobrepasado las capacidades políticas y de gestión del Ministerio del Interior (MININTER), así cómo institucionales y operativas de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El crimen organizado erosiona el poder político, fortalece las economías ilegales, socava el tejido social y desafía la vigencia del Estado Nación. Nos enfrentamos a redes criminales transnacionales con estructuras sofisticadas, vinculaciones multidimensionales y una capacidad de acción que las instituciones de seguridad actuales no pueden contrarrestar eficazmente.
El Estado ha reaccionado con medidas aisladas y evidentemente ineficaces, pero el problema trasciende el ámbito del MININTER y la PNP que son exclusivos de la seguridad ciudadana, del orden público y del orden interno, desbordados el día de hoy. Estas instituciones se encuentran en crisis estructural, debilitadas por años de corrupción, colapsadas por falta de gestión y enfrentamientos políticos insuperables con el Ministerio Público y sumados a un contexto donde los tres poderes del Estado están sumidos en una lucha por el control del poder hace inviable que el MININTER continúe dirigiendo la lucha contra este fenómeno.
Ante esta realidad, resulta imperativo un enfoque distinto: reconocer que el problema no es de seguridad ciudadana, sino de Seguridad Nacional. La Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado establecen regímenes de excepción que, en “caso de perturbación de la paz o del orden interno” o de “graves circunstancias que afecten la vida de la nación”, permitan activar el Sistema de Defensa Nacional. La lucha contra el Crimen Transnacional Organizado debe ser abordada bajo una Directiva de Seguridad y Defensa Nacional emitida por el Consejo de Seguridad Nacional (COSEDENA), permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en un marco legal y estratégico adecuado.
No se trata de enfrentar este fenómeno con tanques, aviones o submarinos, sino de una acción lógica y responsable, de liderazgo político y estratégico nacional sobre las instituciones del Estado para restaurar la paz, el orden y la estabilidad.
Resulta imprescindible un cambio de enfoque; pasar del marco estrecho y limitado de la seguridad ciudadana, a la acción decidida y holística del ámbito de la Seguridad Nacional para disponer de todos los recursos del Estado y enfrentar de una vez por todas al Crimen Trasnacional Organizado. No existe otra solución.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
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