Por segunda vez, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, para prohibir las comunicaciones spam, ya sea llamadas, mensajes de texto u otros. Según el Gobierno, la propuesta “no cuenta con una adecuada justificación en el marco de la normativa vigente”. Es decir, los dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, se tiran la pelota y al final no resuelven nada, en una aparente complicidad por beneficiar a las empresas de telefonía, es decir, a los grupos de poder económico.
Según el Poder Ejecutivo, en la norma no se desarrollan los argumentos que sustenten cómo las modificaciones propuestas a los literales d) y e) del numeral 58.1 del artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor podrían dar solución al problema referido a las constantes comunicaciones spam que reciben los consumidores. “Se tiene identificado que la solución al referido problema involucra un campo de acción bastante amplio y requeriría la intervención articulada de diversas instituciones y del sector privado”, advierte.
Agrega que “la modificación planteada al literal e) no representa un cambio a la situación actual regulada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y en las disposiciones que regulan los datos personales”. Por lo tanto, resultaría innecesaria en tanto la nueva redacción faculta a los proveedores a comunicarse con los consumidores si estos lo solicitan directamente ante ellos o si logra recabar su autorización, manteniéndose en consecuencia la misma situación existente para los consumidores y proveedores, sin representar un cambio real dado que los proveedores mantendrían vigente su facultad para comunicarse con los consumidores con fines comerciales, previo consentimiento.
El Gobierno aduce, además, que visitas técnicas que realizan las empresas en el domicilio del usuario, con el propósito de efectuar la instalación del servicio o resolver posibles averías, también se incluirían en la prohibición considerada en la autógrafa de la ley remitida por el Congreso. Este argumento resulta absurdo, pues es obvio que dichas visitas son coordinadas y consentidas, por lo que no tienen nada que ver con las molestosas llamadas sorpresivas
. A ver si alguien con la necesaria lucidez e inmune a lobbies, puertas giratorias y demás artimañas, redacta una autógrafa de ley bien hecha, a prueba de balas. Las llamadas spam molestan, interrumpen y malogran la vida. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
