La crisis de la seguridad ciudadana en el país es un reflejo de la total desnaturalización de las funciones públicas que deberían garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el orden interno. El Ministerio del Interior, responsable de velar por la seguridad, evidencia estar en un estado de caos perpetuo, con 13 ministros en solo tres años de gestión, una rotación que, lejos de aportar estabilidad, ha sumido a la institución en la inestabilidad y la desesperanza. Este vaivén de autoridades ha sido el preludio de una descomposición profunda en la Policía Nacional, donde más de 24,000 agentes han sido separados por faltas graves entre el 2018 y el 2023; once policías diariamente; un número alarmante que revela la erosión interna del cuerpo policial.
Pero los problemas no terminan allí. Un impactante 20% de los policías activos se encuentran procesados judicialmente, involucrados en delitos relacionados con su función, lo que refleja la endémica falla de la gestión instititucional, la presencia de corrupción, y la infiltración por el crimen organizado.
No se puede pasar por alto, además, la intromisión política que ha caracterizado la gestión de la Policía Nacional. Los agentes, en lugar de ser profesionales comprometidos con su deber, continúan expuestos a la manipulación política, lo que socava significativamente su eficacia.
La captación, formación y gestión del personal policial ha colapsado; el sistema que antes garantizaba el ingreso de nuevos efectivos capacitados para su respectiva especialidad ahora enfrenta un desajuste absoluto. Esta crisis se ha extendido también al Ministerio Público, que ha perdido la capacidad de garantizar una persecución eficaz del crimen, infectada por la corrupción y por la ideologización política de su función sumando aún más caos a un entorno ya de por sí desbordado.
La inseguridad ha dejado de ser un problema aislado y hoy adquiere dimensiones de seguridad nacional. Pero el Gobierno sigue enfrentándolo con soluciones superficiales, como los estados de emergencia, y medidas aisladas que se convierten en un parche temporal en una llanta que ya no soporta más.
La reforma de estas instituciones es urgente y no puede esperar más, se tiene que resguardar las mejores capacidades aún existentes, se tiene que asegurar el bienestar de la familia policial y renovar la mística de servicio que siempre caracterizó a nuestra policía. La seguridad es una función vital y prioritarial del Estado y no puede seguir siendo una promesa vacía en medio del caos.
Hoy la responsabilidad de esta crisis es política, y es hora de que los responsables actúen para devolverle al pueblo la seguridad que merece. Los parches no funcionan; la seguridad no puede seguir siendo una llanta vieja.
(*) Exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
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