El acontecimiento reciente sobre el que se enfoca el problema principal a tratar en este artículo es el reciente secuestro de periodistas de un canal de televisión de la capital por parte de ronderos campesinos de la provincia de Chota, región Cajamarca, sucedido en el mes de julio de este año. Este hecho sirve de reflexión para cuestionar la política de Seguridad Ciudadana aplicada por el gobierno del presidente Pedro Castillo, criticada por APROSEC desde el primer momento, cuando al asumir el mando, Castillo anunció que las Rondas Campesinas cumplirían un rol protagonista en el resguardo de la Seguridad Ciudadana en el Perú. Al mismo tiempo, el análisis servirá también para exponer cómo ha evolucionado un problema nacional e internacional que no tiene solución: el narcotráfico; y de cómo el narcotráfico en el transcurso de las décadas, a la vez que ha corrompido vastos sectores de la administración pública, también se sirvió de alianzas con el terrorismo, consiguiendo corromper una organización respaldada constitucionalmente por el derecho consuetudinario y formalizada por el Estado para combatir el terrorismo y la delincuencia en las zonas rurales del Perú: las Rondas Campesinas.
A inicios del mes de julio de este año dos periodistas de un canal de televisión de Lima, llegaron a la provincia de Chota en Cajamarca para realizar un informe noticioso sobre la investigación que la Fiscalía de la Nación viene haciendo a algunos familiares del presidente de la República, Pedro Castillo -natural de Chota-, a quienes se les acusa de tráfico de influencias, entre otros delitos. Los periodistas se aproximaron a la localidad para presentarse ante las autoridades y empezar con sus indagaciones propias del trabajo periodístico cuando fueron detenidos por los ronderos de la comunidad de Chadín, siendo obligados bajo coacción y amenaza a emitir un comunicado admitiendo que “las imputaciones a los familiares del presidente de la República son falsas”. Los ronderos de la comunidad de Chadín después arguyeron que los periodistas fueron forzados a trasmitir en vivo y en directo el comunicado a Lima con la finalidad de comprobar que realmente se trataba de periodistas tal como se identificaron. La trasmisión fue emitida en vivo y en directo por el canal de televisión que tuvo que interrumpir su programación habitual.
Este hecho causó gran polémica entre el gobierno de Pedro Castillo -que defendió el accionar de los ronderos- y la prensa que consideró lo sucedido como un atentado contra los Derechos Humanos y la libertad de expresión.
(*) Presidente de Aprosec
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