El electo contralor general de la República, César Enrique Aguilar Surichaqui, podría enfrentar un proceso administrativo por presunta omisión e inconsistencias en su declaración y que habrían sido pasadas por alto por el Congreso durante su proceso de elección.
El reemplazante de Nelson Shack, propuesto por el Poder Ejecutivo, habría ocultado información relacionada con su actividad empresarial e presentado incongruencias en la información que brindó al momento de postular al cargo.
Un informe de Canal N precisaba que Aguilar Surichaqui omitió que estaba vinculado con la empresa Aguilar & Motta Abogados, de la que era socio y accionista hasta que realizó una transferencia a terceros en el año 2018, mismo año que la declaración jurada más antigua disponible.
