Es el caso que, a partir del 2001, IDEELE y APRODEH actuaron como defensores de familiares de terroristas, imputando supuestos asesinatos ejecutados por militares y policías. Para tal efecto, denunciaron al Estado ante la Comisión IDH.
El Gobierno peruano “envió a agentes” para que nos defendieran; y, en la mayoría de los casos, transaron con dichas ONG, en las que el agente se comprometió a pagar sumas considerables a los “familiares”, como en el caso de Pedro Huilca: US$ 200,000; y Leonor La Rosa: US$ 120,000, entre otros. Además, se comprometían a denunciar, investigar y sancionar a los militares y policías, muchos de ellos inocentes.
A los 142 integrantes de Chavín de Huántar, los abogados y varios generales fuimos convocados, en el gobierno de Toledo, al Ministerio de Justicia ante denuncia formulada por las ONG, a fin de que se les proporcionaran todas las pruebas para que el “agente peruano defendiera” ante la Comisión IDH. Se les proporcionó, pero, con gran sorpresa, la Comisión denunció ante la Corte IDH. La ministra de Justicia, Rosario Hernández, recién designada, dio a conocer que las pruebas entregadas por los militares estaban en su despacho y NUNCA LAS LLEVARON PARA DEFENDER A LOS HÉROES DE CHAVÍN DE HUÁNTAR ante la Comisión IDH.
El Perú, o cualquier persona, de ninguna manera puede ganar un juicio si el abogado no defiende, como ha sucedido en la mayoría de las denuncias, pues solo se limitaban a transar. Es por ello que siempre he pedido que la Fiscalía y el Congreso soliciten al Ministerio de Justicia el nombre de todos los agentes que han ido a la Comisión y Corte IDH, así como las transacciones celebradas y el monto de lo pagado.
Ante la indiferencia de los obligados a solicitar dichos informes, en el mes de enero del año en curso cursé cartas notariales al ministro de Justicia para que me proporcione dicha información, y la negativa dio lugar a que interponga un HÁBEAS DATA como el de Phillip Butters; y, desde hace más de 4 meses, la 1ra Sala Constitucional —Sede Alzamora— no admite la demanda ni le concede al ministro de Justicia el PLAZO DE 5 DÍAS PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, PESE A LOS REITERADOS PEDIDOS.
(*) Exdecano del CAL.
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