Desgraciadamente, desde antes de julio 2021, en nuestro país se implementó una organización criminal, dirigida por Pedro Castillo Terrones, de acuerdo a las declaraciones de los colaboradores eficaces. Las mismas que ha sido corroboradas en las cerca de 50 carpetas fiscales que se llevan a cabo, dando a conocer los diversos delitos que se han cometido en el año y medio que ha dirigido el país. Y de acuerdo a los roles que cada uno de los autores, instigadores y cómplices primarios han desempeñado, en cada uno de los delitos cometidos, incluyendo el de rebelión, que es un delito común y no un delito funcional, como pretenden sostener, motivo por el cual fue detenido en flagrancia delictiva, como ha sido resuelto por la Corte Suprema, siendo absurdo pretender sostener que es una víctima, porque el Congreso de la República violó el debido proceso, al no someterlo a un antejuicio político, que no le corresponde, por haber cometido un delito común, como es homicidio, corrupción, rebelión, etc.
Recordemos el plan presentado por Perú Libre, firmado por la actual presidenta de la República, declarando en muchas oportunidades en forma coincidente el ex premier, Aníbal Torres, Vladimir Cerrón y otros líderes izquierdistas, para instaurar la Asamblea Constituyente en nuestro país, como lo vienen haciendo en la actualidad, presionando al Congreso de la República.
Es necesario aclarar que la Constitución y el Tribunal Constitucional precisan que cualquier convocatoria a referéndum, tiene que llevarse a cabo de acuerdo a lo que señala nuestra Carta Magna. Evitemos que nuestro país se convierta en dictadura tipo Cuba, Nicaragua, o Venezuela, para adueñarse del país, controlando las Fuerzas Armadas y policiales, el Poder Judicial y Fiscalía. Estos últimos sería nombrados por el “pueblo” o sea, por ellos, a fin que los condenados puedan recurrir a sus jueces, los sentenciados por corrupción, terrorismo, a fin de solicitar mediante un recurso de REVISIÓN, que sus sentencias condenatorias sean revisadas por sus “jueces” y los declaren inocentes; mientras, que los investigados por colusión, organización criminal y otros, consigan que sus “fiscales” archiven las investigaciones. Es el país que desean.
Hemos tomado conocimiento que, previo acogimiento a la terminación anticipada, los vándalos han sido condenados con pena de carácter condicional -a su casa-, al haber sido denunciados como autores del delito de entorpecimiento a las vías de comunicaciónbloqueo de carreteras-, y no por delito de extorsión, que merece una pena de 5 a 10 años.
Por la forma como han actuado en algunos casos y al haber usado bombardas, artefactos pirotécnicos, toma de aeropuertos, incendio de locales del Poder Judicial y fiscalías, son actos terroristas; asimismo, los ataques a los policías, que han sido enviados armados solamente con un escudo para defender lo democracia, es considerado como delito de resistencia a la autoridad, y la pena es de 8 a 12 años. De acuerdo al Código Penal, si los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales hacen uso de sus armas en acciones, como sucede en los últimos días, están libres de responsabilidad penal.
(*) Ex Decano del Colegio de Abogados de Lima
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