Mientras los militares rechazan explícitamente las prácticas golpistas, hoy sin esbozo son los jueces quienes retoman esta posta ignominiosa. ¡Basta ya! Es tiempo de romper con ese estilo melifluo que disimula las consecuencias de aquel accionar espurio. La defensa de la democracia y del Estado de Derecho requieren firmeza, tanto en lo conceptual como en el proceder político. En consecuencia, no seamos ingenuos. No veamos actuaciones aisladas o meras trasgresiones jurídicas, en aquellas resoluciones judiciales que escapan groseramente de su competencia e invaden con desvergüenza los fueros parlamentarios. Consentir conductas de este tipo y no frenarlas de inmediato, nos hará a todos cómplices de la destrucción de la Republica.
¿Qué exageramos? ¿Quizá somos tremendistas en nuestras apreciaciones?. Pues no. Apelamos a la historia reciente. A comienzos de julio de año pasado, una jueza supernumeraria, no titular, a través de una medida cautelar en un juicio de amparo, ordenó al Congreso suspender la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, programada dentro de sus funciones constitucionales. Y, a pesar del escándalo y el rechazo congresal, se consumó el estropicio. No hubo los votos requeridos, debido al temor de algunos congresistas que bajaron la cerviz.
Empero, esta monstruosa violación a la constitucionalidad quedó impune. La magistrada fue promovida, la presidenta de la Suprema se puso de costado, el demandante devino en Ministro de Defensa –obviamente recompensado– y los miembros del TC prolongaron su írrito mandato, un año más. A partir de entonces un envanecido golpismo judicial, se generaliza inexorablemente. Ejemplos a la vista: a nombre de Castillo se interpone un Habeas Corpus para no tramitar la denuncia constitucional en su contra; la burocrática SUNEDU presenta un Amparo porque no quiere la aprobación de la Ley que recupera la Autonomía Universitaria; y, lo máximo, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo consigue una cautelar para que no se elija al próximo Defensor. Se trata de sucesivas violaciones contra las competencias propias del Congreso de la República, a cargo de juzgados de primera instancia y movidas por intereses subalternos carentes de legitimidad para demandar. ¡El principio de separación de poderes hecho añicos!
Estas abominaciones no han merecido, todavía, una condena contundente y ejemplar. La proverbial lenidad de nuestros demócratas las estima solamente desviaciones jurídicas y extravagancias aisladas. Por eso no reaccionan. No advierten cómo se ha pertrechado una política antidemocrática que sin pudor utiliza los mecanismos jurisdiccionales, para sus fines abyectos. ¿No fue Sagasti la mano negra que frustró la elección congresal del TC? ¿Y qué tal prepotencia fuese saludada por toda la fauna de caviares e izquierdistas? Ergo, seguir creyendo que “recurren a la Justicia” es estúpido. Pero peor, no responderle como se debe. ¡Basta ya!
(*) Constitucionalista
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