La semana pasada los peruanos hemos sido sorprendido por “resoluciones dictadas por el Congreso de la República”, sobre todo, cuando sostienen que han sido productos de un pacto político deleznable, entre partidos y movimientos, que en todo momento se han mostrado antagónicos; y, lo que más preocupa, es sospechar, lo que se nos viene, pues, la democracia y el destino de nuestro país está en juego,
Verificamos, con suma tristeza, que nuestra sociedad en pleno, la comunidad jurídica, demuestra una pasividad sin límites, en otras oportunidades por situaciones que no ameritaban una protesta, salían a las calles, instigados por interesados en crear caos, inclusive utilizando a personas con antecedentes policiales, portando artefactos explosivos, pirotécnicos que son actos terroristas.
Sin embargo, solo se han limitado a investigar y buscar una sanción a los policías, quienes fueron víctimas de arteros y alevosos ataques, que al parecer todo indica que para los instigadores, no tienen derechos humanos y les imputan delito de asesinatos, sin considerar que han actuado en legítima defensa.
Han elegido como Defensor del Pueblo a Josué Gutiérrez, quien tiene como mayor mérito haber sido abogado de Vladimir Cerrón y asesor de la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Sin embargo, se dejaron de lado a prestigiosos abogados como Delia Atúncar, Gastón Soto y Rioja, es decir, como dicen los de Perú Libre el requisito es ser abogado, pero con trayectoria y con grados, títulos académicos, haber escrito libros o artículos además, de haberse desempeñado en algunas oportunidades, defendiendo los derechos humanos, cualidades que no las tiene.
Si bien es cierto, es una facultad del Congreso de la República nombrar al Defensor del Pueblo pero es lamentable que se haya dejado a la meritocracia y tal como se sostiene, en su condición de asesor de la referida comisión, ha sido uno de los propulsores de la llamada ley mordaza, que carece de técnica jurídica, pues se han olvidado de poner una exposición de motivos, que tiene toda ley, en este caso concreto no han fundamentado las razones por la cual incrementan la pena en el delito de difamación de 3 a 4 y como pena mínima es de 1 a 2 años.
El haber resuelto que los “niños”, no sean investigados, pese a las evidencia y razonables indicios, que están seriamente comprometidos en actos delictivos, con la única finalidad de que sigan votando a favor de los intereses de este pacto infame y que lamentablemente, ningún Colegio de Abogados del Perú y sobre todo, de Lima, no digan absolutamente nada, pues siempre ha sido esta última institución que jurídicamente, se han pronunciado ante estos últimos actos, que ponen en grave riesgo a la democracia, consideramos que ante esta pasividad, debemos recurrir a un referéndum a fin de que la población exija que el Congreso adelante las elecciones y no vengan con el cuento la necesidad de verificar modificaciones al sistema electoral, pues pidamos además, la revocatoria del mandato congresal y que todos se vayan a sus casas, pues lo único que pretenden es completar sus 5 años y ser “jubilados”, con su sueldo actual, que muchos de ellos jamás lo han ganado en su vida.
Además, del incremento presupuestal en un 43%, es una cachetada a la pobreza, ¡reaccionemos peruanos!
(*) Exdecano del CAL
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