Todas las autoridades de Puno, incluidos su gobernador regional y sus congresistas, coinciden en que esta parte del país siempre ha sufrido el abandono y la marginación por parte del gobierno central. No mienten ni exageran. El diario Gestión acaba de publicar un informe al respecto, donde se indica que Puno tiene el segundo salario más bajo del país y el 70% de sus niños sufren de anemia. En el 2021, cerca del 90% de puneños votaron por Pedro Castillo con la esperanza de tener por fin un presidente que cambie esa triste realidad. Creyeron en el profesor. Y, aunque parezca increíble, lo siguen haciendo, pese las más de 50 carpetas fiscales que se le han abierto por corrupción.
¿Por qué los puneños siguen teniendo fe en Castillo? Por lo general, la información que llega de Lima a través de los medios no tiene la credibilidad de antes en las provincias del interior del país. En el caso del altiplano peruano, esa desconfianza en la prensa capitalina aumentó cuando empezaron a hacerle un cargamontón mediático a Castillo ni bien asumió el mando, cuando aún tenía el beneficio de la duda y no había cometido los delitos que ahora se le atribuyen. “Lo atacan porque es de los nuestros”, decían antes los juliaqueños, los azangarinos, los yunguyinos, los chucuiteños. “Lo difaman y lo meten preso porque es de los nuestros”, dicen ahora.
Esa es la razón de la rebeldía de Puno. Creen que se ha cometido una injusticia contra el presidente que ellos eligieron y en el que siguen creyendo, pese a Sarratea, puente Tarata, Anguía, “Los Niños”, el “gabinete en la sombra”, el plagio de la tesis. Quieren que Castillo vuelva a Palacio, que se cierre el Congreso. No creen que la libertad de Castillo ya casi es imposible, no saben que si se cierra el Congreso habría desgobierno y podría asumir alguien al que ellos odian más aún que al actual gobierno. Son víctimas de la desinformación. Sin embargo, eso no los convierte en terroristas.
Los terroristas son otros. Terroristas son los que quieren incendiar la pradera para arriar agua para su molino —vaya contradicción— aprovechando la tormenta política. Terroristas son aquellos políticos y grupos de poder económico que, según parece, financian el traslado de manifestantes en lujosas camionetas para que azucen a la población y encabecen asaltos incendiarios, saqueen centros comerciales y destruyan fábricas y locales públicos. El derecho a la protesta es una cosa. La violencia terrorista, que causa muerte y destrucción, otra muy diferente y ello hay que tenerlo siempre presente. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
