Es inaudito e inaceptable lo que le sucedió a la presidenta Dina Boluarte, respecto a la falta de seguridad que se le debe brindar por la investidura que tiene y ha sido víctima de una agresión física, que pudo ser con consecuencias muy lamentables.
A ello le agregamos que quienes brindaban seguridad a su hijo, fueron víctimas de un robo agravado de sus armas, nos demuestra que los peruanos estamos totalmente desprotegidos. Si a la presidenta de la República y a su hijo, les sucede lo que ha sido de público conocimiento y que pudieron haber llegado al extremo de ultimarla.
Nuestras esposas, hijos, nietos y nosotros mismos estamos expuestos a ser víctimas de la criminalidad violenta. Día a día, se asesinan, secuestran, extorsionan, roban y ejecutan actos de corrupción, bajo la seguridad de que van a quedar impunes, porque no se toman las medidas preventivas que se requieren para evitar que seamos víctimas de estos criminales, simple y llanamente, el Ejecutivo no hace absolutamente nada.
De otro lado, el Poder Legislativo está llevando a cabo un reparto de bonos para los congresistas y, posteriormente, para “sus trabajadores”, que no producen, sino todo lo contrario, algunos de ellos están inmersos en actos delictivos y como “otorongo no come otorongo”, comprobamos que se benefician con votaciones en los que se les declara “inocentes”.
Es por ello, que coincidentemente el Legislativo y Ejecutivo, pretenden al mismo tiempo de casualidad, “reformar el sistema judicial”, cuando en realidad tratan de nombrar sus jueces y fiscales, para cuando sean denunciados e investigados, los protejan y le cuiden las espaldas, declarándolos inocentes, pese a las evidencias que se dan a conocer en los medios de comunicación, al final no les pasa nada.
Evitemos que la política intervenga en la elección y el nombramiento de jueces y fiscales. La historia nos recuerda lo que ha sucedido en épocas anteriores, cuando los políticos han intervenido, sus elecciones y nombramientos, así como supuestas reformas judiciales, han sido lamentables por las nefastas consecuencias que se han verificado.
El artículo 95 del CP, señala lo siguiente: “La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados” y el artículo 97 del CP, señala lo siguiente: “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación civil, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros”.
Está plenamente probado que Susana Villarán recibió aportes de Odebrecht ilícitos, para su campaña; y el mismo año en que los recibió, firmó el contrato de concesión con Rutas de Lima y en el año 2017 Odebrecht vendió el 75% de sus acciones a Brookfield Asser Management, un fondo de inversión canadiense, venta que se verificaron después de la comisión de hechos delictivos e inclusive se continuó con ventas de acciones, máxime cuando ya se conocía la actividad ilícita en Brasil de la citada empresa brasileña, motivo por el cual no se puede sostener la existencia de buena fe.
Sin embargo, el Fiscal, Procurador, actor civil- Municipalidad de Lima-, no recurre a estos artículos, que esperamos, que nos sigan esquilmando.
(*) Exdecano del CAL
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
