Ya es una constante en nuestro país la queja contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), constituido por la Comisión y Corte del mismo nombre, que permanentemente señala al Estado peruano como infractor de la Convención Americana de Derechos Humanos.
No podemos negar que en algunas circunstancias ha habido tal violación, pero lo que sí increpamos al Sistema es que, con o sin razón, siempre esté señalando al Perú como transgresor, lo cual es un penoso exceso.
Lo peor del caso es que ya es usual que el SIDH maltrate a miembros de nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas por el hecho de repeler ataques de los que son víctimas, cuando en cumplimiento de su deber constitucional resguardan el orden público, lo mantienen y, de ser el caso, lo recuperan.
Muchos ciudadanos, y algunos desde el Congreso, claman porque el Perú se retire del SIDH, denunciando el tratado también denominado San José de Costa Rica, desconociendo que ello es prerrogativa del Poder Ejecutivo.
En vista de lo anteriormente señalado, la Comisión de Constitución del Congreso dictaminó favorablemente el 31 de octubre de 2023 varios proyectos de ley acumulados, a fin de que se cree una Comisión de expertos que diagnostique y evalúe el accionar del SIDH y pueda proponer fórmulas de solución en la normativa de dicho Sistema por la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se elevaría el correspondiente informe para su accionar.
La proposición legislativa contenida en el dictamen de la Comisión de Constitución fue aprobada por el Pleno del Congreso en su sesión del 15 de diciembre de 2023, ratificada en segunda votación por la Comisión Permanente el 18 de enero del presente año, remitiéndose inmediatamente la autógrafa de la Ley al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.
El 12 de febrero de 2024, la presidenta de la República observó el texto de la Ley, siendo evaluadas sus motivaciones por la Comisión de Constitución del Congreso, comisión que el 12 de marzo del presente año desestimó con lógico razonamiento y clarísimos argumentos la observación del Poder Ejecutivo y recomendó la insistencia.
En consecuencia, corresponde al Pleno del Congreso insistir o no en el texto aprobado por el mismo y que fuera observado por el Ejecutivo. Como hemos dicho, la Comisión de Constitución ha recomendado la insistencia.
Han pasado ya algo más de ocho meses desde el dictamen de insistencia presentado por la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso aún no lo ve, debiéndolo poner su presidente cuanto antes en la agenda legislativa para resolver el tema.
No se quejen del SIDH si, teniendo herramientas para buscar su reforma, simplemente se deja dormir en el Congreso un dictamen de insistencia claro, didáctico y más que razonable. Si aprobada la insistencia y promulgada la Ley, la OEA no hace lo adecuado, entonces el Poder Ejecutivo verá si se denuncia el Tratado y nos retiramos del SIDH, pero no antes de haber intentado su reforma.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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