Desde que Montesquieu determinó los tres poderes que debieran sostener un Estado democrático, se concluyó que el Poder Judicial era la columna vertebral del Estado por su vinculación con las libertades y la protección del ser humano, y así se consideró que, un país que carece de un adecuado sistema judicial, estará condenado a vivir en el caos y nunca alcanzará sus metas de prosperidad. Lamentablemente, el Perú nunca logró construir, ni siquiera, un aceptable Poder Judicial. El país requiere designar jueces y fiscales probos, firmes en sus convicciones y con un adecuado conocimiento de las leyes, de lo contrario podríamos devenir en un país sin futuro.
Y ¿cuál es el talón de Aquiles de nuestro sistema? Es la comisión de un delito atribuible principalmente a jueces y fiscales: el prevaricato, que se ha convertido en moneda corriente en nuestro medio. Esquivar la ley, distorsionarla, omitirla o malinterpretarla, para que encaje en la calificación de un delito, o para negarlo; o falsear hechos para sustentar una decisión judicial absolutamente injusta, sólo con base al poder que detenta el funcionario, y a sabiendas de que sus actos quedarán en la impunidad (o cuando más sancionados con un pena leve) debido a un mal entendido sentimiento de solidaridad gremial.
Un ejemplo reciente es el cometido por la fiscal de la Nación al levantar una denuncia constitucional contra el expresidente Merino, su premier y el Ministro del Interior, acusándolos de cometer los delitos “(por omisión impropia) contra la Vida, el cuerpo y la Salud en agravio de dos personas, y además lesiones graves y leves”. Un poco más y se los acusa por no haber tenido una bola de cristal para conocer qué delitos se cometerían cuando apenas estaban en el acto de la juramentación.
Algunos medios de televisión, como para promocionar y entusiasmar a la multitud, pasaban una y otra vez escenas de los disturbios de una violencia demencial, que justamente demuestran las contradicciones entre los hechos sustentados por la fiscal y lo que realmente sucedió en esas protestas en las que fallecieron dos personas, en pleno toque de queda, suspensión de garantías, prohibición de manifestaciones, distancia social, etc. En la denuncia de 170 páginas en la que se acusa por los delitos citados y otros, en sus argumentos, confunde premeditadamente normas prohibitivas e imperativas del derecho; lo que es la omisión propia e impropia; omisión y comisión; lo que es abstracto y concreto. Sin embargo, cuando pocos días después, bajo la presidencia de Sagasti, en similares situaciones de protesta se producen cuatro fallecidos, el caso no ha merecido siquiera una investigación, según se atribuye a la proximidad de la fiscal con Sagasti, incumpliéndose el principio constitucional de independencia.
En resumen, la denuncia está plagada de actos prevaricadores.
Pero, a lo dicho, no olvidemos a otros magistrados prevaricadores, que debieran ser denunciados y sancionados: los tribunos del TC que cerraron el Congreso (¿negación de la confianza fáctica?) y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que validaron un pleno de cuatro miembros, en lugar de cinco, como taxativamente establece la Constitución, la que fue violada repetidas veces en sus decisiones durante el proceso electoral.
Una pregunta elemental: ¿Dentro del Poder Judicial se podrá combatir drásticamente el prevaricato? No lo creemos. Sin embargo, el CAL, que tiene un exceso de comisiones, podría desmantelar algunas poco útiles y crear una para combatir el prevaricato, que es la mayor lacra del Poder Judicial.
(*) Embajador (r)
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