“Presidentes anteriores ocultaban sus delitos”

Según Marcos Ibazeta, la Constitución protege la figura del presidente dentro de un marco de razonabilidad, pero incorpora principios que impiden que sea “blindado” ante alguna investigación por casos de presunta corrupción.

POR: HILMER GASCO

Solo diez meses después de haber asumido la presidencia, Pedro Castillo ya enfrenta una investigación en la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción. Sobre este tema conversamos con el abogado penalista Marcos Ibazeta, exjuez superior, docente universitario y consultor en temas legales, quien sostiene que los anteriores mandatarios pudieron haber incurrido en delitos, pero en el actual Gobierno estos son más evidentes.

¿Qué opinión la merece la decisión del fiscal Pablo Sánchez de investigar al presidente Castillo?

La Constitución protege la figura del presidente dentro de un marco de razonabilidad. Con imputaciones que no tienen el mayor sustento o no hay suficientes elementos de prueba, no se pueden estar abriendo investigaciones por gusto. Pero la Constitución, si bien tiene una literalidad en la redacción, incorpora principios y el principio fundamental es que, siendo un instrumento de factor social donde la nación, representada por el presidente, tiene que defender los valores democráticos, perseguir el delito, trabajar por la paz social para que dentro de un ambiente de tranquilidad cada peruano logre sus objetivos. Entonces, no puede convertir repentinamente el poder Ejecutivo en una cloaca. Y si empiezan a surgir elementos de juicio, elementos materiales, si configuran una organización mafiosa, de ninguna manera la Constitución puede permitir que haya un relleno sanitario dentro del Ejecutivo, y que desde ahí se destruya la moral nacional, se destruya el sistema democrático de Gobierno, la seguridad y la paz social.

¿Entonces actuó de manera correcta?

Al llegar a esos extremos, la institucionalidad debe empezar una limpieza. Porque si no se hace eso, aparecen las grandes dictaduras y los golpes de Estado.

Pedro Castillo es el primer presidente investigado en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con los otros presidentes que están procesados por corrupción?

El que sea el primero no representa nada importante, porque es el primero en demostrar tanta podredumbre en tan poco tiempo. Los otros presidentes pueden haber incurrido en actos de corrupción, pero ocultaban sus delitos y se creaban un escudo; es que el control llegaba al final del mandato. En este caso no, ya tenemos información previa, concurrente. No podemos permitir que el Estado esté destruido, y menos en una crisis espantosa, la hambruna está a la vuelta de la esquina.

¿Cuánto tiempo puede durar la investigación y cuál sería el procedimiento en caso se encuentre responsabilidad?

No lo pueden acusar ante el Poder Judicial, pero se supone que la investigación va a seguir una ruta por cada tema, calculemos va a durar un año que podría ser menos si es que tenemos colaboradores eficaces. Las conclusiones el fiscal de la Nación las remite al Congreso y ahí debería darse la inhabilitación.

¿Y cuál es su opinión sobre la presunta infracción constitucional en la que habría incurrido la vicepresidenta Dina Boluarte?

Tenemos el precedente que, si ella renuncia a su cargo y postula a la vicepresidencia, eso no procede porque la ley no dice que pida licencia, sino renunciar. Olvidó la previsión que una vez elegida no puede prestar ningún servicio para nadie, solo puede desarrollar actividades de docencia. Ahora resulta que también hacía representación institucional en el Club Apurímac. Eso quiebra el razonable ejercicio del poder. Porque si alguien representa a una institución ya no hay imparcialidad ni buen Gobierno, sino que entran en juego un conjunto de intereses particulares.

Escuché las declaraciones de la señora, que estaba regularizando el tránsito de una administración a otra, pero lo último que salió publicado es un poder que otorga a cierta persona para que administre un local que tiene en la avenida Brasil. Hay una infracción grave de la Constitución, sería la segunda vez.

¿Qué pasaría si ella es inhabilitada y el presidente acusado constitucionalmente?

Tenemos que buscar una salida legal a través de la presidenta del Congreso una convocatoria a elecciones.

“EL JNE NO DEBIÓ ACEPTAR INSCRIPCIÓN DE PLANCHA DE PERÚ LIBRE”

El doctor Ibazeta también cuestionó el accionar de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, que permitieron la inscripción de la plancha de Perú Libre pese a que solo uno de los candidatos a la vicepresidencia estaba habilitado.

“No entiendo cómo el JNE admitió la plancha del partido Perú Libre sin un tercer vicepresidente, no podía postular quien estaba condenado por delito doloso. Se han quebrado todas las reglas atentando contra la Gobernabilidad”, precisó.