Recientemente, la bancada de Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional) ha presentado un proyecto de ley que busca declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, planteando nada menos que el cese inmediato de los fiscales supremos titulares -pese a que estos ingresan por concurso público de méritos-, bajo el abstracto y arbitrario argumento de que “han perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia e idoneidad propias de su función”.
Frente a ello, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ya ha expresado su franco y total rechazo, pues se trataría en realidad de un proyecto de intervención inconstitucional del Ministerio Público bajo el pretexto de una reorganización o reforma. Ningún político está autorizado para cesar de sus funciones a magistrados titulares que han sido nombrados mediante un concurso público de méritos, por medio de un proyecto de ley.
Tal intervención inconstitucional de llegar a concretarse sería, en buena cuenta, un golpe de Estado, por lo que, si el actual fiscal de la Nación hubiese callado al respecto, sería prácticamente cómplice de tal golpe de Estado.
Por los fiscales institucionales prácticamente fue posible la suspensión de la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, ya que esta última se encuentra actualmente investigada por la comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, pues habría ofrecido a catorce (14) actuales congresistas de la República el archivo de sus investigaciones fiscales a cambio de que voten por la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como por la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Ellos son los fiscales institucionales, los cuales deben no solamente investigar bajo estrictos criterios de objetividad e imparcialidad, al margen de quién sea el investigado, al margen de cuán poderoso sea el imputado, sino que también deben defender a la institución del Ministerio Público frente a intentos de intervención inconstitucional que se traducen al final como intentos de golpe de Estado, como es el caso del proyecto de ley infame del actual congresista de la República, Jorge Montoya.
Bajo el paradigma jurídico del garantismo penal, los fiscales institucionales también deben ser fiscales garantistas, teniendo en cuenta que el garantismo, en su carácter integral, se refleja en las garantías tanto del imputado como de la víctima del delito. No se debe ser verdugo de nadie, sino solamente buscar siempre la justicia.
(*) Analista politico
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