Sin la menor duda, es menester garantizar el buen uso de los recursos públicos, especialmente en la contratación de obras por el Estado, al igual que en la adquisición de bienes y servicios, además de los contratos de prestación de servicios profesionales y de consultorías.
Lo antes expuesto no solo es por un imperativo ético, sino porque también cautelando los recursos del Estado, que principalmente provienen de los impuestos que sufragamos los contribuyentes, se podría hacer más obra pública, incluso tener mejor infraestructura, se pagaría mejores sueldos y salarios al personal estatal y como lógica consecuencia los servicios del Estado serían de mejor calidad.
Somos conscientes que, en la contratación de obras, así como en adquisición de bienes y servicios ha existido mucha corrupción y, para ejemplo nos basta recordar a la famosa Odebrecht que tanto daño ha hecho en los países en que ha actuado, entre los cuales está el nuestro.
Sin embargo, no solo la corrupción gigantesca debe ser desterrada, poniéndose los candados debidos, sino también la de menores proporciones e incluso las bastante pequeñas en comparación de las de ejecución de obras. Nos referimos por ejemplo a la corrupción que pudiese existir en la contratación de consultorías y servicios profesionales.
En efecto, cuando desde las organizaciones públicas se convoca a concursos o a la presentación de propuestas de interés, para otorgar servicios de consultoría y servicios profesionales, es muy frecuente que se señalen plazos muy cortos para la presentación de las propuestas por los postores, sin que hubiese tiempo suficiente para estudiar la materia consultada y poder presupuestar adecuadamente.
Lo expuesto en el párrafo anterior, nos lleva a pensar que la convocatoria es de simple fachada, para cubrir formalidades y nada más, pues parecería que ya hay una selección oculta de postor, quien habría recibido información oportuna y privilegiada. Ello a diferencia de los otros, que muchas veces no nos prestamos a ser monigotes que con sus propuestas den manto de legalidad a lo que es corrupción.
Otra modalidad de evitar propuestas adecuadas para el Estado es la exigencia de presentación de infinidad de documentos con los cuales ya cuenta la administración y que, muy probablemente, ya estaba enterado el postor escogido entre oscuras bambalinas.
Lo señalado se podría evitar o, por lo menos reducir, si es que se señala en las convocatorias a consultorías plazos uniformes para todas ellas y, suficientemente permisivos que impidan abstenciones por simplemente no tener suficiente tiempo para evaluar y preparar las propuestas a presentarse. Esto se podría hacer con un simple Decreto Supremo que modifique parcialmente en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Hay que hacer fácticos los preceptos de dicha ley, que establecen principios básicos para las contrataciones públicas, como son libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y sobre todo integridad, que tanta falta hace en nuestro querido país.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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