El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y los titulares de las cortes superiores de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Puno reportaron ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los daños ocasionados a la infraestructura y expedientes durante las violentas protestas que se vienen registrando desde diciembre.
Javier Arévalo indicó que estas acciones representan un atentado contra este poder del Estado, que, según afirma, ha tratado de estar a la altura de las circunstancias en esta crisis. “En este momento existe una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que sufre nuestro país”, manifestó.
Asimismo, advirtió que, ante estos actos vandálicos, y con el fin de proteger la integridad física de jueces, juezas y trabajadores, se volvió al trabajo remoto y se suspendieron los plazos procesales. En tal sentido, informó que se durante los ataques han quemado expedientes de los juzgados de paz, que mayormente tramitan juicios de alimentos y se afecta a los más pobres.
