Mucha gente cuestiona al Poder Judicial. Lo cuestiona por aquellos casos de corrupción que son de dominio público. Y bueno, es verdad. Lamentablemente, hay jueces corruptos y para muestra un botón. Mejor dicho, un botonazo: los jueces y fiscales embarrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¡Un asco!
Sin embargo – así como hay corrupción – hay también probidad en el Poder Judicial. Y lo mismo ocurre en los demás poderes del Estado. Incluso, en la sociedad civil. Puede parecer extraño, pero así es la nuez… la corrupción convive con la probidad. Yo puedo dar fe de ello. Lo comprobé durante mi experiencia en el Gobierno Regional de Ica, durante los años 2015 al 2018.
El problema es que muy poco se habla de probidad en el Estado. Todo el mundo – sobre todo la prensa – se refiere casi únicamente a casos de corrupción. Para el común de la prensa – salvo escasas excepciones – todo es corrupción en el Estado. Y si hay audios y videos… mejor. Para ese periodismo escandaloso, farandulero y maledicente, nada bueno hay en el país. Al dios rating le encantan los escándalos. Poco le interesan las noticias positivas.
No obstante, este artículo se refiere a aquellos lobos disfrazados de corderos – tremendos corruptos y sinvergüenzas – que recurren a cada rato al Ministerio Público para denunciar a los buenos funcionarios estatales, quienes con su accionar honesto y responsable, impiden a los corruptos realizar sus fechorías. En realidad, se trata de una táctica muy efectiva de las mafias enquistadas en el Estado. Ahuyentar a los buenos funcionarios públicos, denunciándolos maliciosamente por todo tipo de delitos. Delitos que son propios de bandidos de las más bajas estofas: abuso de autoridad, malversación de fondos, colusión, negociación incompatible, omisión de funciones, calumnia, difamación, falsedad genérica, o lo que sea. El objetivo es – claramente – alejar a los buenos peruanos del Estado, para que ellos – los corruptos – sigan haciendo de las suyas.
A ese respecto va una crítica al Poder Judicial. ¿Por qué son tan permisivo con aquellos personajes – especialistas en leguleyadas y vericuetos judiciales – que se pasan la vida merodeando por los pasillos de los tribunales de justicia, donde presentan todo tipo de denuncias o querellas maliciosas contra funcionarios probos, las cuales – a la larga – terminan archivándose?
Resulta que para archivar dichas denuncias – por más que no tengan sustento alguno – los jueces y fiscales tienen que esclarecerlas previamente… como si les sobrara el tiempo. Además ¿cuánto cuestan las toneladas de papel y tinta que se consumen en dichos procesos? ¿cuánto cuestan las horas de horas de interrogatorios? ¿cuánto cuestan las audiencias, citaciones, objeciones, quejas y demás?
Y lo que es peor. ¡Cuántos casos y procesos delictivos reales quedan desatendidos porque los jueces y fiscales están ocupados en esclarecer denuncias maliciosas! Conversando al respecto con una fiscal que archivó una de las numerosas denuncias maliciosas que tengo en mi contra, me dijo que cerca del 70% de la carga procesal del Ministerio Público se debe a este tipo de denuncias. ¡No hay derecho!
Y en el caso de los caseritos – es decir, de aquellos denunciantes que sólo se dedican a ello, y que tienen varias denuncias archivadas en su haber – aumentar exponencialmente las penas por cada nueva denuncia archivada. La idea es limitar las denuncias maliciosas en todo el país, proteger a los buenos funcionarios públicos, y liberar al sistema de justicia nacional de tanta carga procesal injusta e innecesaria.
Estas son ideas para cortarle las alas a la corrupción, y para que esta no se aproveche abusivamente del Poder Judicial.
(*) Exgobernador regional de Ica
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