Los hechos de violencia acontecidos en nuestro país el 14 de noviembre del 2020 que ocasionaron el derrocamiento del Gobierno transitorio de Manuel Merino, generaron una acusación por parte de la Fiscalía de la Nación, representada por Zoraida Avalos en contra del expresidente de la República, del expremier Antero Flores- Aráoz y del exministro del Interior Gastón Rodríguez.
El cargo asumido por Merino fue legítimo, luego de que el Congreso de la República decidió vacar al expresidente Vizcarra, sin embargo, esta sucesión constitucional fue percibida por sectores políticos minoritarios como una usurpación del poder, mostrando su inconformidad ante lo acontecido, generando narrativas perfectas para incentivar la frustración, el desánimo y el hartazgo hacia la clase política, con el fin de motivar la indignación de la población y convocarla a las calles, todo ello con un nunca antes visto apoyo de algunos medios de comunicación que transmitían los acontecimientos sin interrupciones.
Una vez ganadas las calles, con la población convencida de esa percepción errónea, a través de la narrativa impuesta por los medios, se obtuvo la situación ideal para consolidar un planeamiento perfectamente concebido por los incitadores, el cual contemplaba la infiltración de estas marchas por diferentes estamentos apegados a la violencia. Producto de estas marchas, fallecieron dos jóvenes. La información difundida desde el primer momento era que dichas muertes fueron de responsabilidad de la Policía Nacional, mediante el empleo de armas prohibidas como perdigones de plomo y canicas, al margen de haber atacado sin motivo el desplazamiento de una marcha pacífica.
Como consecuencia de la acusación fiscal se inició la Investigación en forma inmediata contra los tres altos exfuncionarios del Estado, por haber ordenado a la Policía, la represión contra los manifestantes, además de haber causado lesiones y desapariciones de asistentes a dicha marcha. Después de ocho meses de investigación, la Fiscalía realizó la acusación ya no por acción, es decir, por haber ordenado el asesinato de los protestantes, sino todo lo contrario. La denuncia final fue por omisión de actos funcionales, al no haber realizado, según la teoría fiscal, ninguna acción para impedir muertes y lesiones.
La acusación fue remitida al congreso de la República, quien a través de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició las investigaciones en base a hechos concretos y reales, siendo el congresista Alejandro Cavero elegido como ponente. Luego de varias sesiones de trabajo e investigación, el parlamentario de Avanza País presentó su informe final, el mismo que recomendó el archivo de la denuncia, básicamente, porque no halló ninguna prueba, de que haya existido alguna disposición de las autoridades políticas sobre la Policía Nacional para el cumplimiento de su labor operativa, cuya autonomía, por cierto, está claramente contemplada en el art. II del DL 1267 Ley de la Policía Nacional, como tampoco ninguna omisión de acto funcional contempladas en la acusación.
De acuerdo a los peritajes presentados por la propia Fiscalía, las dos personas fallecidas durante las protestas, presentaron impactos de perdigones de plomo en diferentes partes del cuerpo, perdigones que no utiliza la Policía Nacional y que, además, fueron objeto de búsqueda minuciosa por parte de la Fiscalía en todos los almacenes de las unidades policiales intervinientes con resultados negativos.
Las protestas tumultuosas encabezadas por políticos de reconocida ideología radical, en las cuales se gritaba con total impunidad ¡un muerto y se jode Merino!, presentaron también manifestantes heridos por canicas de vidrio endurecidas, material que tampoco es utilizado por la Policía, y no solo eso, sino que, además, por el diámetro de su circunferencia(2cm) no es compatible con la boca de los cañones de las escopetas policiales que es de 1.8 cm. Solo bastaría un poco de sentido común y desapego del sesgo político, para entender que esta situación no es posible.
(*) Exteniente general PNP
(*) Exministro del Interior
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