El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial aplicar una pena de 34 años de prisión contra el expresidente vacado Pedro Castillo tras el fallido golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
La solicitud fue presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Al exgobernante se le imputa desde la fiscalía la comisión de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
La fiscalía también ha pedido 25 años de prisión para la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta.
Similar pena viene siendo solicitada para los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
