El caso de Pataz, en La Libertad, se ha convertido en el epicentro de un experimento político sin precedentes en el Perú contemporáneo, un laboratorio del vacío político y el nuevo rostro del anti sistema, aún bajo la presencia militar que intenta controlar la zona. Jorge Paredes Terry, figura polémica de la política alternativa, ha articulado una narrativa poderosa que combina la reivindicación histórica del pueblo minero con un discurso ideológico que mezcla neo-marxismo y realpolitik. Lo que ocurre en Pataz no es un fenómeno aislado: es la manifestación más nítida del peligroso vacío político que atraviesa el país.
Paredes Terry, quien fuera jefe del plan de campaña de Avanza País con Hernando de Soto en 2021, viró poco antes de la primera vuelta para facilitar el traspaso de votos hacia Pedro Castillo. Su trayectoria antes, durante y después, está marcada por el vínculo con sectores como el MOVADEF, organismo de fachada de Sendero Luminoso, el SUTEP, Perú Libre e incluso sectores vinculados al legado de Antauro Humala, así cómo con “preocupados” empresarios mineros formales que busca integrar en “proyectos sociales”. Desde ese espacio marginal, ha logrado construir una propuesta de “lucha social” para comunidades campesinas y de mineros que, lejos de lo testimonial, se viene traduciendo en una creciente base de apoyo popular en territorios donde el Estado y la ley han desaparecido.
La narrativa que impulsa —”De mitayos a dueños de sus propias minas”— tiene una carga simbólica potente. Reivindica el paso de los mineros artesanales de la informalidad a la condición de empresarios organizados gracias al REINFO, planteando que el 2026 será el año en que los nuevos representantes del pueblo minero lleguen al Congreso. El mensaje es claro: el centralismo limeño y la oligarquía perderán el control de territorios históricamente explotados.
Sin embargo, esta narrativa omite dimensiones críticas. No se menciona los vínculos subterráneos con redes internacionales de economía ilegal relacionadas con actores como el Foro de Sao Paulo o al Grupo de Puebla. Tampoco se aborda el grave costo institucional que implica construir poder político sobre estructuras informales con presencia de remanentes senderistas o mecanismos de cooptación violenta por el crimen transnacional organizado.
Pataz es, en efecto, un piloto político. Pero no de progreso, sino de cómo el Estado ha dejado un vacío que hoy es ocupado por proyectos antisistema con ropaje popular y revolucionario. El desafío de Paredes Terry es real en términos de diagnóstico: pobreza, abandono, corrupción y sesgadom en variables reales de poder. Pero el tratamiento que propone puede terminar siendo peor que la enfermedad, si se implementa sin reglas ni institucionalidad. El caso Pataz lleva consigo hoy un peligroso vacío de poder.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
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