El martes 13 de la semana pasada, fecha legendaria de eventos desafortunados, el gobierno de la señora Boluarte publica por cuarta vez, en su gestión de apenas un año, la declaratoria del estado de emergencia solo en la región La Libertad, y dentro de ella por segunda ocasión en la provincia de Pataz, ahora a cargo del Ejército, y por tercera oportunidad en la de Trujillo.
Está última declaratoria ya se venía anunciando desde fines de enero a solicitud del Gobernador Regional, mientras el primer ministro anunciaba la construcción de instalaciones militares en Pataz y el ministro de Defensa expresaba que “no sería más de lo mismo”.
Ese martes 13, el ministro de Defensa fue relevado de sus funciones, por un nuevo funcionario que siguiendo el “estilo” de gobierno posiblemente se haya enterado de su designación el mismo martes 13. De hecho, el ministro saliente tenía toda la razón: la declaratoria de emergencia en la Libertad, ya no fue más de lo mismo, por lo menos para su gestión.
El viernes 16, la presidenta en un discurso en el que contextualizó “coloquialmente” la alianza política con el partido del gobernador regional, se refirió a la situación de seguridad leyendo medidas de acción policial en un tono de acalorada efusión que en sí mismas no guardaban sentido; todo ello en ausencia del ministro de Defensa y ante un ministro del Interior en pétreo silencio quizá pensando en el estado de emergencia que la víspera le exigían en Arequipa.
Frente al evidente empoderamiento de la delincuencia y el crimen organizado y no solo en la región La Libertad, sino en varias ciudades y provincias importantes, el Perú atraviesa el periodo de delincuencia y crimen organizado más violento y cruel de toda su historia, sobrepasando las capacidades de acción política, y de respuesta del Estado.
En la lógica de la ciencia política el Estado recurre a su última opción: el empleo del Ejército. Con un nuevo ministro de Defensa, y con un reciente nombrado jefe del CCFFAA, parece ser que se inician coordinaciones, se realizan reconocimientos, quizá se ajusten planes y presupuestos y quizá se cuenten con los efectivos y estrategias adecuadas para tener éxito en Pataz.
El fenómeno de la criminalidad en el Perú es nuevo y complejo, el empleo de reiteradas declaraciones de estado de emergencia se desnaturaliza cuando se parecen más a una herramienta de gestión que a una circunstancia de excepción frente a imprescindibles reformas estructurales. Si el gobierno falla en Pataz, los efectos pueden ser imprevisibles. Es un hecho, la emergencia en Pataz está en emergencia.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia de la DINI
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
