El 18 de mayo de 1992, hace exactamente treinta años, se llevó a cabo en Nassau la Asamblea de la OEA para tratar el caso peruano en búsqueda del retorno de la institucionalidad democrática, rota el 5 de abril de tal año por el entonces presidente Alberto Fujimori.
El llamado autogolpe al que nos referimos cesó al Congreso, al Consejo Nacional de la Magistratura, a los fiscales supremos, a jueces y magistrados, al Tribunal Agrario, así como al Tribunal del Servicio Civil, al directorio del Banco Central y al JNE, entre otros.
Más increíble que el autogolpe, sin justificación alguna por cierto, fueron sus conocidos pretextos desenmascarados infinidad de veces, al igual que la actitud ciudadana que ampliamente mayoritaria apoyó la medida de fuerza impuesta por el gobernante de turno. Por ello, los demócratas tuvimos que recurrir a instancias internacionales como la OEA en busca de su intervención para resolver la difícil situación, al tener en cuenta su compromiso institucional con la democracia representativa, tanto es así que en tres oportunidades llegó al Perú una misión presidida por el canciller uruguayo Héctor Gross Espiell.
El sector golpista peruano trataba de mantenerse en el poder sin ningún contrapeso parlamentario y los congresistas cesados propugnaban por volver a sus escaños, pero como repetimos sin apoyo popular alguno, insólito, pero el apoyo ciudadano era al golpe. Ello llevó a buscar alguna solución transaccional bajo los auspicios del Secretario general de la OEA, en ese entonces Joao Baena Soares y del canciller Gross Espiell.
La solución fue permitir que Alberto Fujimori siguiera en la presidencia y que se eligiese un nuevo Parlamento, el que tendría finalidad dual, ser al mismo tiempo Congreso Constituyente y Parlamento común. La tesis aludida tuvo que ser aceptada por el mandatario peruano y también por buena parte de la oposición, dado que recuperaba tribuna frente a la ciudadanía, pues la prensa casi al unísono tenía vedada toda información desde la perspectiva opositora.
El consenso se logró en la Asamblea de la OEA de aquel 18 de mayo de 1992, a la que asistieron en representación gubernamental Alberto Fujimori y varios de sus ministros, como el canciller Augusto Blacker Miller, que por desconocer el funcionamiento de los organismos internacionales llevó a errores a su jefe, como fue agraviar a los partidos políticos peruanos, olvidando que los cancilleres que asistían a la Asamblea eran políticos y, peor aún, insistió en hacer uso de la palabra antes que el representante de la oposición, que es el autor de esta nota y que concurrió al evento junto con el también ex diputado Pedro Cateriano Bellido. Obviamente hubo contundente respuesta a las antojadizas expresiones del presidente peruano.
Como anécdota recordaremos que no se nos permitía ingresar a la Asamblea, lo que se logró usando credenciales de representantes de otros países, en mi caso las del diputado chileno Carlos Dupree, debiendo sí destacar el buen ánimo para concertar de los ministros Carlos Boloña y Fernando Vega. El Congreso Constituyente elegido aprobó por notable consenso la actual Constitución de 1993, que no hay motivo para sustituirla.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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