El proyecto que busca eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se engarza dentro de una serie de medidas dirigidas a atacar las bases de la reforma del sistema de justicia reflejada en la conversión del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desactivado por el mega escándalo de corrupción de los “CNM audios” de julio de 2018 (caso de los “hermanitos” de los Cuellos Blancos del Puerto), hacia el nuevo órgano: la JNJ.
No es casualidad que el proyecto en cuestión se haya dado en el contexto de denuncias y mociones de remoción contra miembros de la JNJ, pues no bastó que se quiera destituir al pleno de integrantes de la JNJ y tampoco bastó que se inhabilite a dos de sus miembros como son Aldo Vásquez y Luz Tello.
El cambio de estrategia no es casual, en la medida que el espíritu de la contrarreforma añoraría los tiempos antiguos de un CNM. Sólo que como hay que guardar ciertas formas, no se puede resucitar al extinto CNM porque éste fue cancelado por un escandaloso caso de corrupción.
La propuesta de una “Escuela Nacional de la Magistratura” colisiona contra la meritocracia, así como contra la autonomía e independencia de los encargados de nombrar jueces y fiscales.
Pero no solamente eso, pues el otro objetivo, quizás el principal, es el lograr que el jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) sea elegido por el Senado; es decir, por el Congreso de la República, sin ningún concurso público de méritos, sino solamente por designación política de los senadores.
Eliminada la JNJ, se eliminaría el hecho que el jefe de la ONPE (que organiza y desarrolla los PROCESOS ELECTORALES) sea elegido en base a la objetividad del mérito por un organismo autónomo constitucional como es actualmente la JNJ.
De ese modo, el Congreso, ya sin el “estorbo” de la JNJ, elegiría al jefe de la ONPE, siendo el Parlamento un órgano eminentemente político, por lo que los congresistas, que hoy día se pueden reelegir, serian Juez y Parte.
En ese sentido, peligraría la democracia en el país, pues la variable político-partidaria de las organizaciones políticas con bancada en el Congreso entraría a tallar en el nombramiento del jefe de la ONPE. En ese sentido, de eliminarse a la JNJ se habría cometido sin duda un golpe de Estado, un golpe a la democracia. Y eso no se debe permitir.
(*) Analista político.
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