En el gobierno de Pedro Castillo hubo una evidente intención de limitar las libertades de información, expresión, opinión y prensa. Desde el principio, al despachar desde la casa del pasaje Sarratea, se mostró hermético, opaco y huidizo de los medios de comunicación, a los que, ya en Palacio de Gobierno, trató de encorsetar y discriminar si osaban criticar su gestión. Creíamos que ya habían pasado esos tiempos, pero ahora nos enteramos de que en el pedido de facultades legislativas del actual Gobierno se incluye una modificatoria a la ley que pretende criminalizar la actividad informativa. ¿Otra vez, Andrés?
Cuando Castillo era presidente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó su régimen como “enemigo de la libertad de prensa”. Dicho organismo internacional lo acusó de estigmatizar e insultar a los medios de comunicación y a periodistas individuales, además de obstruir su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. Lo acusaron de amenazar con demandar a los periodistas, de intimidarlos con triquiñuelas legales.
Han pasado más de ocho meses desde que Castillo dejó Palacio de Gobierno y, según el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas, en el proyecto de pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, ahora al mando de la presidenta Dina Boluarte, se habría incluido una modificatoria al Código Penal que estaría orientada a la criminalización de la libertad de expresión.
Según los gremios periodísticos, estaría en el punto 3.1.2. inciso C del proyecto que pide facultades para legislar en materia de Seguridad Ciudadana, que fue entregado al titular del Parlamento, Alejandro Soto, por la presidenta Dina Boluarte, el 28 de julio pasado.
El Colegio de Periodistas del Perú emitió un pronunciamiento en el que consideró que “se propone una severa medida que atenta contra la libertad de expresión”, por lo que solicitó que “ la propuesta sea removida o rechazada por el Congreso”. Dicho punto no solo atentaría contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. También atentaría contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
Esperemos que por estropicios de esta naturaleza no se entorpezcan y enturbien los intentos del Ejecutivo por conseguir las facultades legislativos para llevar adelante la lucha contra la delincuencia. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
