En distintas regiones del Perú existen puertos y hospitales sin terminar, colegios que nunca llegaron a funcionar, carreteras inconclusas y sistemas de agua potable que permanecen abandonados desde hace años. Mientras tanto, miles de ciudadanos continúan esperando servicios básicos que debieron estar disponibles hace mucho tiempo, una realidad que refleja cómo la paralización de obras públicas termina afectando la calidad de vida de las personas.
Según la Contraloría General de la República, el Perú registra miles de obras públicas paralizadas a nivel nacional, situación que representa una inversión millonaria sin beneficio para la población. Estas cifras evidencian que el problema no solo tiene un impacto económico, sino también social, porque detrás de cada proyecto inconcluso existen comunidades que siguen esperando mejores condiciones para desarrollarse.
Las razones que explican esta situación son diversas, ya que intervienen problemas administrativos, controversias contractuales, deficiencias técnicas, arbitrajes, procesos judiciales o cambios de gestión que retrasan la ejecución de los proyectos. Sin embargo, para los ciudadanos la causa termina siendo secundaria cuando las necesidades continúan sin respuesta y las promesas permanecen únicamente sobre el papel.
Creo que uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno consiste en garantizar la continuidad de las obras que resultan prioritarias para la población, debido a que el desarrollo de un país no puede depender exclusivamente de los cambios de autoridades o de las diferencias políticas que surjan durante cada gestión. Las políticas públicas más importantes deberían mantenerse cuando benefician directamente a la ciudadanía.
También resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control previo, planificación y supervisión desde el inicio de cada proyecto, porque una obra correctamente diseñada, con estudios técnicos sólidos y procesos transparentes, reduce considerablemente el riesgo y contingencias de paralizaciones que luego demandan mayores recursos para ser reactivadas.
Además, la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de las obras financiadas con recursos públicos, razón por la cual la información sobre avances, retrasos, presupuestos, adicionales y responsabilidades debería encontrarse disponible de manera clara y accesible públicamente. Una gestión transparente fortalece la confianza y facilita el control ciudadano.
El Perú necesita infraestructura que responda a las necesidades actuales, pero también requiere instituciones capaces de asegurar que los proyectos comiencen y concluyan dentro de los plazos previstos. Cada obra paralizada representa una oportunidad perdida para mejorar la salud, la educación, la conectividad o el acceso a servicios esenciales.
Por eso, más allá de inaugurar nuevos proyectos, el verdadero compromiso del gobierno de turno deberá ser terminar aquellos que quedaron inconclusos, porque las obras públicas no pertenecen a un determinado partido político o gobierno, sino a todos los peruanos que esperan soluciones concretas para construir un país con mayores oportunidades y mejor calidad de vida.
(*) Mg. CPC y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
