Escribo esta columna bajo el sentimiento de indignación, al haber visto en un noticiero televisivo a un grupo de personas, gritándole a los policías “asesinos” y en forma repetitiva, cuando trataban de restaurar el orden en el Centro de Lima, el pasado jueves 10 de octubre al producirse un paro de transportistas, que clamaban por la recuperación de la seguridad ciudadana en el país.
Estimo que todos somos conscientes del aumento desorbitante de la delincuencia, así como de la criminalidad organizada, como que también muchísimas personas han sido objeto de atracos y robos, a lo que se suma extorsiones a los transportistas y a emprendimientos de todo tamaño, que hicieron que muchas bodegas y otros comercios en señal de protesta no abrieran sus puertas al público durante la paralización del transporte.
Nadie puede estar contento con la situación imperante en materia de seguridad, en que se han producido innumerables errores en el tema de brindar tranquilidad a la población que tiene todo el derecho de vivir en paz, como precisamente lo señala nuestra Constitución al determinar entre los derechos fundamentales a “la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida” (inciso veintidós del artículo segundo).
Los errores no provienen de la Policía que hace lo posible y a veces hasta lo imposible para cumplir con su finalidad constitucional de “garantizar, mantener y restablecer el orden interno” así como entre otras funciones la que “previene, investiga y combate la delincuencia” (artículo 166 de la Constitución).
Pese a que le debemos mucho como Nación, Estado y ciudadanía a la Policía Nacional, no hacemos lo suficiente para que cumpla con sus roles primordiales antes señalados, pues se les paga mal, no se les equipa adecuadamente, no se les da los viáticos a tiempo para sus traslados, se demoran en el pago de sus beneficios y encima su hospital central adolece de atención oportuna y de calidad. Pese a todo la Policía sigue tratando de proteger a la civilidad, así como a los bienes públicos como privados.
Lo peor no está dicho, cuando la Policía actúa en cumplimiento de sus obligaciones y se producen pérdidas de vida y lesiones entre quienes la agreden y atacan, parecería ser que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se solazan al incumplir el artículo 20 del Código Penal que establece en sus más de diez incisos las causales de inimputabilidad penal.
Nuestros Policías tienen que soportar larguísimos y costosos procesos y, hasta detenciones arbitrarias por simplemente cumplir con sus deberes. Nuestros Policías no son asesinos, cumplen con sus deberes constitucionales, pese a que en infinidad de circunstancias se les ataca y se atenta contra sus vidas e integridad. Por ello nuestro enojo al injusto trato de “asesinos”, pues no lo son.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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