Con el proyecto de Ley 5981-223-CR, que fue aprobado en primera legislatura, se establecen cambios normativos que hacen más difícil definir qué es una organización criminal. Me pregunto a quiénes beneficiaría una norma tan llena de vicios, por todo lo que se está viendo.
El Congreso legisla en favor de organizaciones criminales y resta protección a los ciudadanos; así, de aprobarse en segunda instancia este despropósito, se estaría dejando a la ciudadanía más desprotegida que nunca.
No se puede insistir en enfrentar las acciones criminales realizando más de lo mismo, que no generan los resultados esperados por la demanda social y sin tomar en cuenta que hay que enfrentar las consecuencias, pero también paralelamente las causas de esta inseguridad que hoy vivimos. Es erróneo querer gestionar la problemática de la inseguridad ciudadana solo atendiendo los efectos (más policías y serenos, patrulleros y motocicletas).
Es materialmente imposible enfrentar las amenazas, riesgos y peligros que afectan la seguridad local sin el apoyo suficiente y adecuado equipamiento e instrumentos tecnológicos que la modernidad ofrece.
No estamos frente a un problema exclusivamente policiaco; esta delincuencia amerita una problemática multisectorial, intergubernamental, transversal, integral y sobre todo inclusiva. Observamos en la mayoría de municipios una acción dispersa, desarticulada, difusa y más aún tan ineficaz como improductiva que no cubre la demanda de la comunidad y genera desprestigio a la imagen de la autoridad, hoy tan venida a menos.
El factor de mayor importancia en toda entidad son los recursos humanos, a los cuales se les debe dotar de fórmulas de preparación cognitivas para fortalecer su aptitud (capacitación, instrucción y entrenamiento) así como su actitud (educación para generar y consolidar compromiso), ello a través de entes especializados de comprobado liderazgo en el rubro.
No se puede resolver la inseguridad ciudadana pensando en hacer todo a la vez; siempre hay asuntos de mayor importancia y urgencias que deben priorizarse aplicando la tabla de Pareto.
Finalmente, se debe requerir el apoyo de profesionales con comprobado conocimiento y experticia en esta temática responsables de la planificación, diseño, organización, ejecución y evaluación de las acciones ediles contra la inseguridad ciudadana para dar el gran salto y sentar con bases sólidas la solución de esta problemática.
(*) Presidente de Aprosec
