Decir que hay peruanos –informales– que no pagan impuestos, no es cierto. Todos los peruanos contribuimos tributariamente al erario nacional. No importa la edad, profesión, condición económica, o lugar de nacimiento. Todo peruano que compra un paquete de galletas o un balón de gas; todo peruano que echa gasolina –o petróleo– a su moto, carro, o camión; todo peruano que usa un celular, enciende un foco de luz en su casa, o se toma una cerveza, paga impuestos.
Claro que hay informalidad –y evasión tributaria– pero no al 100 %. Es imposible que un peruano pueda sobrevivir sin adquirir un bien o un servicio que haya evadido todos los mecanismos recaudadores del IGV de la SUNAT. No hay forma.
Entonces, como contribuyentes que somos, y en contraprestación por los impuestos que le pagamos al Estado, los peruanos tenemos el derecho –y el deber– de exigirle buenos servicios de agua, limpieza pública, salud, educación, seguridad, justicia… en fin, todo lo que el Estado, supuestamente, debe brindarnos. Incluso, infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, etc.
Aclarado el punto de que el Estado está para servirnos, porque de nosotros sale el cuero para las correas, debemos ser mucho más exigentes en cuanto a la eficiencia y moralidad en el Estado. No puede ser que con nuestros impuestos, y en plena recesión económica, el Estado haya contratado a Yaziré Pinedo en el Ministerio de Defensa… solo porque su “amorcito” era nada menos que el ministro de Defensa de entonces: Alberto Otárola. Por solo mencionar un caso emblemático del pésimo uso de nuestros impuestos por parte del Estado.
Porque, como sabemos, el Estado está atiborrado de amigos, cuñados, familiares, y recomendados de miles de autoridades que utilizan al Estado para favorecer a personajes que no sirven para nada; y, peor aún, que no tienen ningún mérito académico, profesional, laboral… más allá de ser amigo o allegado de la autoridad que los contrata. ¡Habiendo tanta gente capaz y honesta!
El hecho es que más o menos desde el 2005, y está documentado en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto del Estado en contrataciones administrativas, consultorías, y todo lo demás, fuera de los ámbitos de Salud, Educación, Seguridad, y Justicia, ha subido de S/5,000 millones anuales, a cerca de S/40,000 millones por año. O sea ¡8 veces!
¿Acaso no hay espacio para reducir algunos gastos en el Estado… tipo Yaziré Pinedo? ¿Por qué nadie habla de ello? Incluso, ¡qué desconcertante!, muchos economistas y académicos plantean lo mismo: “hay que subir los impuestos… no queda otra”.
Me parece una falta de respeto hacia los contribuyentes somos todos. Me parece pésimo que el presupuesto público del año en curso no haya contemplado ningún ajuste burocrático en dependencias estatales que están por las puras… y que nos cuestan un montón de plata.
“No se puede” dicen algunos políticos cuando se le toca el tema. ¡Falso! La respuesta que no se atreven a decir es “no nos conviene”.
(*) Exgobernador regional de Ica.
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