Con la finalidad de fortalecer la protección de los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la criminalidad, el Ejecutivo modificó el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, que establece la exención de responsabilidad penal para quien actúa en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, incluso mediante el uso de la fuerza letal.
Entre los principales cambios, incorpora la presunción de que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de manera racional frente a la agresión. Corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
Asimismo, precisa que no se considerará el criterio de proporcionalidad de medios. En su lugar, se tomarán en cuenta, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para la defensa y los bienes jurídicos protegidos.
Otro aspecto relevante es que toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
El decreto también establece que, en las investigaciones sobre posibles actuaciones en legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo.
