El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, afirmó que el Estado peruano está comprometido en asumir las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre igualdad de acceso a la justicia, desde la óptica de un servicio centrado en la persona.
Durante su participación en la Mesa de Alto Nivel sobre Igualdad de Acceso a la Justicia, organizada por la OCDE en Ottawa (Canadá), el ministro destacó la importancia del acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
“La justicia que no llega oportunamente a la ciudadanía y la justicia que no es efectiva no es verdadera justicia”, afirmó.
Recordó que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de acceso a la justicia no solo se refiere a la tutela jurisdiccional y efectiva, sino también a la disponibilidad de mecanismos de justicia accesibles, apropiados y efectivos para resolver necesidades jurídicas de manera satisfactoria.
Ante sus homólogos de diferentes países participantes, dio a conocer los avances en políticas públicas y estrategias que lleva adelante el gobierno peruano a través del sector a su cargo. En ese sentido, resaltó el trabajo de la Defensa Pública, que ofrece servicios gratuitos de asistencia técnico-legal y patrocinio a personas sin recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, destacó la labor del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que trabaja en una política nacional multisectorial del sistema de Justicia al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, que aborda la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Logros
El ministro Arana detalló que, entre enero de 2023 y agosto de 2024, la Defensa Pública ha logrado brindar más de 2 millones de atenciones en materia de asistencia legal, otorgar 226 mil patrocinios a mujeres víctimas de violencia y más de 569,000 a la población indígena.
A través de esta dirección general también se ha logrado resolver más de 26,300 procedimientos conminatorios y arbitrales, obtener más de 93 millones de soles en pensiones de alimentos y reparaciones civiles, logrando ahorrar más de 400 millones de soles para la población a través de servicios gratuitos que brinda.
Finalmente, informó que, en el marco de las recomendaciones de la OCDE indicadas en el Estudio de la Justicia en el Perú, se vienen coordinado con el equipo de esta organización las acciones a realizar para el cumplimiento de las mencionadas recomendaciones en coordinación con el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
“Quiero concluir reiterando el compromiso del Estado peruano en continuar implementando mecanismos que promuevan el acceso a la justicia centrado en las personas a través del diseño y prestación de servicios que identifiquen y atiendan adecuadamente las necesidades jurídicas de la población, así como una difusión de los servicios y funciones de los operadores del sistema de Justicia garantizando, además, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión”, concluyó.
Durante esta actividad, el ministro Arana dialogó con el ministro de Justicia y Procurador General de Canadá, Arif Virani; y con la subdirectora del Departamento de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad de Países Bajos, Martha Meinema.
Además, en su rol de líder del sector justicia en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, sostendrá reuniones clave con su homólogo canadiense y la jefa de Gobernanza Pública de la OCDE, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales y compartir experiencias sobre políticas públicas orientadas a la justicia social.