Las protestas de mineros informales en pleno desarrollo, con bloqueos de carreteras en Arequipa, Ica, Cusco y La Libertad, y un persistente plantón masivo frente al Congreso, reflejan la complejidad de un problema que trasciende lo económico y se enquista en lo sociopolítico. Esta vez, no son campesinos sin voz ni pueblos abandonados reclamando derechos básicos; son trabajadores mineros —algunos de ellos informales— movilizados para exigir la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y/o la aprobación de la llamada Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala). Pero lo que parece una protesta laboral encubre una operación política de gran dimensión, organizada y financiada por los verdaderos beneficiarios del sistema: los titulares de las licencias y del mercado informal del REINFO.
La minería informal en el Perú no es un fenómeno nuevo ni marginal, sino un modelo económico en expansión. Bajo un mismo esquema conviven —y se confunden— la minería legal, la informal, la ilegal y la artesanal. Esta mezcla disfuncional ha desarticulado el sistema de extracción, procesamiento y comercialización del oro en el país. Hoy, toneladas de oro salen del Perú sin trazabilidad clara, sin impuestos, y con el sello de una legalidad prestada por registros laxos como el REINFO, que debía ser transitorio, pero se ha convertido en un refugio eterno para eludir la formalización real.
El corazón del problema no está solo en los socavones dentro o fuera de las concesiones legales, está en las leyes que el Estado ha promulgado y prorrogado durante más de una década, que han consolidado una informalidad tolerada desde arriba; así, lejos de debilitarse, los actores de la minería informal se han fortalecido y hoy son un poder fáctico: con capacidad para paralizar regiones, redefinir reglas de juego económicas, condicionar la agenda parlamentaria y presionar al Ejecutivo con amenazas veladas o abiertas.
La dimensión político-electoral es quizás la más alarmante. Muchos de los congresistas actuales deben su elección y vigencia al respaldo directo o indirecto de intereses mineros informales. Las regiones con mayor actividad informal son hoy verdaderos bolsones electorales, desde donde se construyen candidaturas y se negocian alianzas que inevitablemente hacen de la minería informal la fuerza decisiva para elegir al próximo presidente el 2026, incluyendo financiamiento de campaña, presión territorial y voto dirigido.
El Estado pierde no solo el control de su principal economía extractiva, sino también el equilibrio de su sistema político. Si la minería informal impone su agenda por la vía de la fuerza y la legalidad a medida, no habrá reforma posible. Solo quedará la resignación ante un Nuevo Poder Fáctico donde los que bloquean las carreteras hoy, serán quienes definan el poder mañana.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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