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Miles de petitorios y negligencia de fondos: la peligrosa situación de la Minería en el Perú

Perú registra más de 1'600 petitorios mineros en zonas ya explotadas, pero su presupuesto no se invierte en las localidades que explotan

1662 petitorios mineros a lo largo de todo el país se registraron al finalizar la tercera Jornada de Aviso de Retiro y Libre de Denunciabilidad, organizada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Dentro de los petitorios figuran empresas y diversas entidades con el objetivo de explotar recursos minerales de diversas regiones, varias de las cuales ya fueron previamente minadas.

Ante la intensa demanda, Ingemmet se puso firme con respecto a la no admisión de Petitorios de 31 Áreas específicas de 289’100 hectáreas.

Pese a que estas zonas evidencian presencia de cobre, oro, hierro, plata y molibdeno, están protegidas y su información se considera un insumo relevante para futuras políticas de inversión y desarrollo.

Requisitos para una concesión

Para presentar un petitorio para minar un área específica, se necesita primero consultar con Geocatmin o herramientas constitucionales para verificar que el terreno este libre.

Después de determinar las coordenadas específicas, se debe reunir datos de identificación, inscripción jurídica y demás documentos que se deban presentar de forma presencial o virtual.

Modernización minera

El incremento de petitorios se da en un escenario de modernización eléctrica y de sostenibilidad para el sector minero peruano. De esta forma el país se prepara para mantenerse como uno de los principales productores globales de cobre, oro, zinc y plata.

Según cifras oficiales, la minería representa el 10% del ingreso del PIB y el 60% de las exportaciones nacionales, alcanzando un ingreso récord de USD 61,8 mil millones durante el año pasado.

¿Quién se beneficia de la minería?

Parte de los millonarios ingresos reportados por la minería se van a los gobiernos regionales de las zonas donde se explotan los recursos. Tan solo hasta el mes pasado se registró un ingreso 2’500 millones de soles derivados de canon y regalías mineras para los gobiernos regionales y más de 9’000 millones para los municipios.

Pese a esta abundancia generada por la minería, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, advierte de «un divorcio muy grande entre los recursos transferidos por canon y regalías y el cierre efectivo de brechas sociales».

Dicho de otras palabras, mientras los municipios mineros ven grandes ingresos, las poblaciones que sufren las consecuencias de la minería perciben pocas o ninguna mejora en sus localidades.

El dinero que debería destinarse a la mejora de obras públicas, instituciones médicas o colegios parece no hallar su camino a estos objetivos.

Castilla advierte que una gran parte del dinero se destina a «obras de bajo impacto» como estadios, plazas, lozas deportivas y demás construcciones que si bien son usadas por los ciudadanos, no se encuentran en el estado crítico que exhiben diversas áreas ignoradas.

Pero más peligrosa parece ser la administración directa del dinero. Una modalidad en la cual los municipios no licitan y obtienen control sin vigilancia sobre las contrataciones, alquiler de maquinaria ni compra de insumos.

De esta forma no existe un historial con el cual se pueda justificar el correcto uso de los fondos y la precariedad persiste.

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