Es necesario remontar las críticas por el viaje a El Salvador. El propio Bukele ha confesado, con hidalguía, que su modelo nace de las circunstancias propias de su país. Y, por lo tanto, no caben réplicas de salvación universal, válidas para todo lugar. Sin embargo, siempre hay algo por aprender, especialmente cuando la inseguridad, en nuestro medio, está fuera de control.
Las cárceles y el sistema penitenciario salvadoreño parecen sugestivos, por ejemplo. Se podrían ejecutar y poner en marcha, sin que haya sido menester el desplazamiento presidencial. Bastaban los convenios de cooperación internacional, la llegada de expertos y el intercambio de experiencias, en vez de la parafernalia desplegada.
¡Pero, en fin! Seamos indulgentes con un gobierno que todavía no encuentra el camino para combatir a la criminalidad. Por eso, no carguemos la tinta por los viajes de búsqueda. Pero exijamos, en paralelo, que vaya a lo sustantivo y no se distraiga con recetas importadas.
Esto implica reestructurar a fondo a la Policía Nacional, cuerpo profesional al cual, por mandato de la Constitución, le corresponde garantizar el orden público. Sorprende que quienes quebraron a Sendero Luminoso y al MRTA, mil veces más letales que las actuales bandas criminales, tengan dificultades para imponerse ahora. Sin duda, más de 20 años de políticas caviares han desmoralizado a sus efectivos, roto la disciplina y sembrado la disolvente corrupción interna. Es necesario desechar estas taras e inyectar renovado vigor a la actuación policial. Tener la convicción de que defender al régimen democrático es la manera óptima de proteger los derechos humanos. Y nunca estas banderas fundamentales podrán cobijar a los delincuentes y ser coartada para sus tropelías. Hay que restablecer el fuero militar-policial plenamente, para juzgar y sancionar a quienes perpetran delitos de función.
Ello no es impunidad, sino aportar juicios justos, sin inquina ni persecución, como lo hacen los magistrados caviares. En pocas palabras, hay que protegerlos con la ley en la mano, si queremos que nos protejan de verdad. A costa de su vida, incluso. Al mismo tiempo, resulta imprescindible alinear el funcionamiento de jueces y fiscales con el trabajo sacrificado de policías y militares.
Es imperativo, de una vez, terminar con el inaudito divorcio entre ellos, pues desalienta la lucha contra la agresión criminal. Unos y otros son partes de la misma casamata defensiva comunal, por lo que sus desavenencias son fatales para la seguridad de los peruanos. La captura del delincuente debe conllevar la calificación debida del acto transgresor, así como el acopio diligente de las pruebas incriminatorias.
Ello asegurará su encarcelamiento condenatorio. Pero que eso suceda es la magna tarea del político gobernante: presidente, ministro y altos funcionarios.
(*) Abogado constitucionalista
