La incertidumbre se ahonda con la decisión del Congreso de la República de aprobar por insistencia la ley que limita el campo de aplicación de la cuestión de confianza, que es justamente el recurso del que el Ejecutivo disponía para evitar que el Legislativo pueda poner trabas a su gestión. La atención y los esfuerzos del Gobierno Central y del Parlamento ahora se centrarán en esta escaramuza constitucional, lo que irá en desmedro de las medidas destinadas a la reactivación económica y a la lucha contra la pandemia.
Justamente, una reciente encuesta de Ipsos nos hacía constatar que, a cerca de dos años de la llegada del COVID, la principal preocupación de los peruanos había pasado a ser la generación de empleo, quedando en segundo lugar la lucha contra la pandemia. Un escaso sector de la población se preocupaba por el tema de la cuestión de confianza, a la mayoría no le interesa. Ahora el foco de la atención estará sobre la cuestión de confianza, habrá polémica, titulares en los medios y más ruido político.
Esto viene a ocurrir justo cuando el dólar está en caída luego de pasar la barrera de los 4 soles y los precios del gas y el pollo, entre otros alimentos, también se están reduciendo, solo un poco, eso sí, pero al menos se detuvo el alza que parecía incontrolable. El debate en el Ejecutivo, el Congreso y entre los especialistas causará un desgaste de energías e ideas que redundará negativamente en las acciones que se estaban tomando para controlar la inflación, generar puestos de trabajo y hacer avanzar al país hacia la reactivación.
La modificación del artículo constitucional que define la cuestión de confianza, según el oficialismo, es abrir el camino que conduce a la vacancia presidencial. En realidad, un sector político empezó a pedir la vacancia desde el primer día de Gobierno del presidente Pedro Castillo, por lo que no sería ilógico hacer esa deducción. Hay que recordar que el régimen de Martín Vizcarra invocó dos negativas de confianza para disolver el Congreso. Catorce meses después, el Congreso forzó la interpretación de la “incapacidad moral permanente” para vacar a Vizcarra. Esta última figura, incluso, se pretendió usar para vacar a Castillo hace unas semanas, solo que no había sustento legal y la intentona fracasó.
Habrá que esperar que nuestros políticos actúen con sensatez y piensen que lo más importante en estos momentos es salir de la crisis económica en que nos ha sumido la pandemia. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
