El historiador griego Plutarco de Queronea decía que, “si queremos conocer las calidades de un hombre, debíamos vestirle de poder”. En efecto, el ejercicio de la potestad de decidir sobre los demás desnuda el alma y desenmascara lo que realmente somos. A veces exhala las fragancias de lo fútil o lo venenoso. Démosle a un sencillo ser humano un pito y un palo, un sello y un tampón, un fajín de ministro o la cinta de magistrado, y en algunos casos encontraremos el frenesí adornado de arrogancia y autoritarismo; y muchas veces el grito exaltado de la tozudez o la falta de talento, en nombre de algo o de alguien.
Lo expuesto viene a colación a raíz de la impetuosa irrupción en el escenario público de una, hasta hace poco, poco conocida —quizá sea mejor consignar desconocida— funcionaria fiscal. Encumbrada súbitamente en el ápice del poder del Ministerio Público, en pocas semanas ha dado muestras de impericia y arrogancia.
Con aire altivo, ha tratado con la punta del pie a la presidenta de la República y a la presidenta del Tribunal Constitucional. Con pompa versallesca, se ha negado a cumplir una ley vigente y de cumplimiento obligatorio. Cual mariscal de campo, ha irrumpido en el recién estrenado periodo electoral, tramitando dos denuncias gravemente insolventes de juridicidad, para “indagar” sobre las conductas de dos organizaciones políticas totalmente ajenas a las prácticas prohibidas y establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Elecciones.
Aquellas decisiones, alejadas de entendimiento o sustentadas en la jactancia del súbito empoderamiento desde la institución que inesperadamente dirige —y que hace rato pide a gritos… auxilio— están enrumbadas por el camino de la sinrazón jurídica.
Así, todo acontece entre folios y carpetas al servicio del absurdo o del móvil político, acompañado de canapés, hueveras nacionales presentadas como huevas de esturión y mucho champán “Noche Buena”. No puedo dejar de mencionar el papel asignado al engolado ujier encargado de la disque vocería.
Si no se hace el auto esfuerzo de reconocer las limitaciones personales para el cargo, se corre el riesgo no solo de terminar de socavar los resquicios de prestigio de la institución fundada por el connotado jurista Gonzalo Ortiz Zevallos, sino, además, de transitar desde el despropósito a la trágica intrascendencia institucional.
No hago mención del papel que deben jugar, en nombre de la seriedad funcional y el recto ejercicio del poder, tanto la Junta Nacional de Justicia como el Congreso (ignoro referencia alguna a la Junta de Fiscales Supremos, para no dar muestra de ingenuidad), en razón de que resalto la posibilidad de toda persona de apagar el fuego de la soberbia para caminar acompañado de la humildad y saber rodearse de los que pueden aconsejar con mayor conocimiento y experiencia
. Creo que aún es tiempo de aprender y entender que los actos propios de la actividad política, sea cual fuere su signo, se hacen dentro de los partidos o en el seno de la sociedad civil, pero jamás en los predios de la justicia, que no tiene colores ni recibe consignas.
Quizá sea bueno conversar con la conciencia y hasta interrogarla. Sinceramente, creo que es prudente escuchar las críticas y consejos que, a la fecha, son abundantes.
No hay excusas para hacer las cosas que se deben hacer, de la manera que se deben hacer.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
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