Mafias de traficantes de terrenos son una grave amenaza en Chancay

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene investigando a mafias de traficantes de terrenos que están operando en Chancay, aprovechando el boom en el norte chico de Lima por el megapuerto.

Se supo que estas organizaciones criminales no tienen reparos en despojar de sus propiedades a los legítimos dueños, para lo cual se valen de asociaciones de fachada, generando falsas reuniones de comuneros y cesiones de terrenos, invasiones organizadas y ventas ilegales, con la protección de un aparato legal y fiscal. En estas disputas ya han muerto dos personas, según informó Infobae Perú.

Uno de los casos que es investigado por la Policía es el de la comunidad campesina de Sayán, cuyo presidente, Julio César Carlos Calderón, habría transferido terrenos de los copropietarios a la comunidad de Huacho y la comunidad campesina lomera de Huaral, lo que sería ilegal debido a que están en un proceso judicial para determinar la delimitación del área que le tocaría a cada comunidad.

Es un proceso civil que se encuentra en el Poder Judicial en Huacho, Expediente 01379-2006-0. El pasado domingo 8 de junio de 2025, Carlos Calderón convocó y presidió una asamblea general extraordinaria donde adjudicó terrenos en litigio y se trataron tres puntos clave: Autorizar la compraventa de acciones y derechos sobre la totalidad de un predio inscrito en la Partida Electrónica N.° 08005504 del Registro de Predios de Huacho; aprobar adjudicaciones gratuitas sobre ese mismo predio; y designar representantes para firmar las escrituras públicas, incluyendo facultades para rectificar, aclarar o adicionar lo que sea necesario.

Esto con el propósito de vender la totalidad de acciones y derechos de la copropiedad de 60848 hectáreas que se tienen que repartir las tres comunidades (Sayán, Huacho y Lomera de Huaral). De esta forma actuarían al margen de la ley, dado que no se ha determinado qué territorio le corresponde a cada comunidad.

Lo que dice la ley de comunidades campesinas

La Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656) precisa que la libre disposición está delimitada y establece que solamente se vende mediante acuerdo aprobado por Ley fundada en el interés de la Comunidad, lo cual no ha existido y tampoco se acredita el interés de la Comunidad en estas ventas. No se trata solo de recabar dinero, sino que ese dinero repercuta en la explotación de los fines comunitarios.