En América Latina, y de forma preocupante en Perú, se ha instalado una práctica que erosiona silenciosamente los cimientos del Estado de derecho: el lawfare, o guerra jurídica. Este fenómeno consiste en el uso del aparato judicial con fines políticos, es decir, la instrumentalización de fiscales, jueces y normas legales para debilitar o anular adversarios, sin recurrir a métodos abiertamente autoritarios.
El lawfare no se basa en la búsqueda de justicia, sino en la manipulación del Derecho para lograr objetivos de poder. Se sostiene en procesos con indicios débiles, abuso de la prisión preventiva, filtraciones interesadas a la prensa y campañas mediáticas que condenan antes de que se inicien los juicios.
Todo esto se realiza bajo la apariencia de legalidad, pero sin el espíritu de equidad que debería guiar cualquier sistema judicial legítimo. Este mecanismo no actúa solo. Suele contar con el respaldo de medios de comunicación hegemónicos, muchas veces concentrados en pocos grupos económicos, que amplifican selectivamente ciertas denuncias y callan otras. De este modo, se construye una narrativa destinada a moldear la opinión pública, instalar sospechas y desacreditar figuras públicas incómodas para el orden establecido.
En Perú, esta judicialización de la política se ha vuelto parte del paisaje institucional. No es raro que investigaciones judiciales se activen en momentos políticamente estratégicos, como campañas electorales o debates legislativos claves. Y aunque muchos procesos judiciales terminan archivados por falta de pruebas, el daño reputacional ya está hecho: se limita la participación política, se siembra desconfianza en la ciudadanía y se paraliza el debate democrático.
Lo más grave es que este fenómeno no solo afecta a los directamente implicados. También deteriora la credibilidad del sistema judicial y debilita la democracia. Cuando la justicia se percibe como un instrumento de venganza o manipulación, se pierde la confianza ciudadana en las instituciones.
La legalidad deja de ser garantía de derechos y se convierte en una herramienta de castigo político. Ahora bien, denunciar el lawfare no significa justificar la corrupción ni defender la impunidad. Significa exigir procesos judiciales imparciales, con garantías y respeto a los derechos fundamentales. La justicia no debe tener color político ni obedecer a presiones externas. Su función es proteger, no perseguir.
Enfrentar esta forma moderna de persecución requiere más que reformas legales. Es imprescindible fortalecer la independencia judicial, promover una prensa ética y crítica, y cultivar una ciudadanía informada que no se deje manipular por narrativas prefabricadas. Solo así el Derecho podrá recuperar su verdadero sentido: ser un escudo frente al abuso, no una espada al servicio del poder.
(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
