Hay momentos en la historia de los pueblos cuando las instituciones y sus procedimientos resultan incapaces de canalizar y dirimir conflictos que satisfagan las expectativas de la comunidad. Son circunstancias excepcionales, pero son. Donde la legalidad existente cae en profundo descrédito por autoridades deshonestas, que lejos de aplicarla con rectitud, tuercen su prístino sentido para fines subalternos. Y el pueblo, que en una democracia es el titular de la soberanía, termina perdiendo absolutamente la confianza en las reglas establecidas. En dichos “estados de excepción” –siguiendo a Carl Schmitt– la crisis puede derivar hacia una tempestad revolucionaria, como sucedió en 1932 –el año de la barbarie en el Perú– luego que Haya de la Torre desconociera la victoria electoral de Sánchez Cerro, en 1931. O puede también alumbrar una solución política, como la ocurrida en 1962, tras la anulación de las elecciones. En esta oportunidad el APRA no optó por la guerra civil, pese al golpe militar de Pérez Godoy. Participó en los nuevos comicios, donde Belaunde terminó imponiéndose sobre Haya.
Es bueno refrescar la memoria para calibrar los riesgos que ensombrecen el presente. Cada día se debilita más la proclamación de un ganador indiscutido, por parte del JNE. Una evidente falta de consenso que sella una ilegitimidad de origen para el futuro mandatario –sea cual fuera. Y agudos problemas de gobernabilidad durante los próximos años.
Ante este escenario, pensar o sugerir nuevas elecciones no configura un acto sedicioso. No estamos frente a un golpe de estado, porque su realización no entraña la ruptura del orden constitucional. Tampoco la salida política está reñida con la democracia. Se recurrirá al pueblo –fuente del poder legítimo– para pronunciarse, esta vez de manera indubitable, desterrando las manipulaciones y sospechas que pesan sobre la autoridades del sistema electoral (ONPE y el JNE).
Se dirá que ello es irregular. Sin embargo, casi dos tercios de la población acusa indicios de fraude. La mayoría del JNE tozudamente niega que RENIEC (parte del sistema y especialista en ello) verifique las firmas cuestionadas, ni recaba las listas de votantes de las mesas de sufragio impugnadas, custodiadas por la ONPE. Entonces la más grande irregularidad está en el proceso electoral mismo.
Ciertamente, nuevas elecciones de segunda vuelta en plazo perentorio, escapa al marco institucional. Pero cuando este ha sido bastardeado groseramente por los funcionarios responsables, deviene inane para dar un resultado legítimo y creíble. La salud del país exige una salida política que no por heterodoxa deja de ser democrática, a la vez. Volver a convocar al pueblo puede causar resquemores y problemas, pero nunca tan pavorosos y letales como la ingobernabilidad fruto de una decisión ilegítima.
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