Queda claro que las vocaciones están en directa relación con determinadas actividades profesionales u ocupacionales, las cuales serán remuneradas, de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado de bienes y servicios.
También quedó claro que por querer ser un abogado o abogada exitoso en términos de ganancia económica, sin haberse descubierto realmente la vocación de uno, se puede perder a un gran médico, porque por pensar en términos de mera ganancia económica se eligió a la abogacía (al derecho) como profesión cuando no se tenía las aptitudes para ello. Y es que la ceguera por lo meramente económico puede resultar fatal en términos vocacionales.
No existe vocación hacia el dinero, sino mera ambición económica. También quedó claro que la búsqueda del mayor lucro legítimo posible se da, en condiciones normales, en el ámbito privado. En toda sociedad que se precie de ser desarrollada económica e industrialmente en democracia es así. De ese modo encontramos en la experiencia norteamericana, por ejemplo, que los abogados defensores serían los que, en promedio, ganarían más económicamente, en comparación con sus colegas que se dedican a la labor fiscal o al juzgamiento, al punto que los “mal pagados” son los que trabajan en el sector público; esto es, los que laboran para el Estado. En un solo caso un estudio corporativo de abogados puede asegurar la vida de sus integrantes si el resultado de su defensa es favorable (bono de éxito incluido), por una ganancia de varios millones de dólares.
En cambio, en las sociedades no desarrolladas económica ni industrialmente sucede todo lo contrario: las mayores remuneraciones, en promedio, se van a obtener en el sector público, en el Estado.
Y eso constituye una grave variable de distorsión para la determinación de las vocaciones hacia el servicio público, pues en esas sociedades subdesarrolladas o en vías de desarrollo las personas por lo general pueden querer ingresar al Estado para ganar mayores remuneraciones que aquellas que se dan en el sector privado (subdesarrollado).
Dentro del sector público, actualmente en el sistema de justicia, los puestos o cargos mejor remunerados serían los correspondientes para jueces y fiscales, en sus cuatro niveles, desde el nivel básico de fiscal adjunto provincial (Ministerio Público) o juez de paz letrado (Poder Judicial) hasta el nivel de los fiscales y jueces supremos.
Un abogado colegiado con experiencia de cinco años de ejercicio va a querer ser fiscal o juez titular.
(*) Miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia.
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